Cinco países crearán en Ruanda el primer centro para deportar migrantes fuera de la UE

La nueva política migratoria europea basada en las llamadas “soluciones innovadoras” para poner freno a las llegadas está un paso más cerca de materializarse. Un grupo de cinco países europeos (Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Grecia) han unido fuerzas y han convencido a Ruanda para acoger una prueba piloto para un primer centro de deportaciones —los llamados return hubs—, adonde pretenden enviar a personas a quienes les han denegado el permiso de asilo aunque no tengan ningún tipo de relación con este país africano.

La intención de estos países es arrancar a principios del 2027 una fase de prueba a pequeña escala, comenzando por una estructura con capacidad para solo un centenar de personas, y comprobar con ellos tanto la viabilidad operativa del proyecto como la jurídica, teniendo en cuenta los precedentes. El Reino Unido ya intentó llevar a cabo un proyecto similar para enviar a Ruanda para deportar forzosamente a algunos migrantes en situación irregular, pero el proyecto quedó paralizado en los tribunales. En la UE, Dinamarca fue la primera en probarlo, pero el proyecto quedó congelado. Los organizadores son muy conscientes de que les espera una fuerte batalla en los tribunales nacionales e internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Nuevas políticas

Los arquitectos del proyecto defienden que tendrán permisos de trabajo y libertad de movimiento en Ruanda

Sin embargo, ahora sí hay un contexto europeo favorable a este tipo de políticas, tanto en la Comisión Europea, como en los Veintisiete como en el Parlamento Europeo, pese a la oposición directa de España y Francia. “Es un hito, porque es la primera respuesta real que alguien ha puesto encima de la mesa para resolver los profundos problemas que tiene nuestro sistema actual”, ha defendido la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, desde Viena, donde los cinco países, han presentado este proyecto. Frederiksen, pese a ser socialdemócrata, es una de las líderes europeas que más está empujando a favor de una línea dura migratoria. “Estamos mandando la señal de que no puedes entrar en la UE de forma ilegal y quedarte. Esto asegurará que miles de personas se lo piensen dos veces antes de empezar su viaje”, declaró la danesa.

La iniciativa bebe del nuevo reglamento europeo de retornos que crea el marco jurídico para que los Estados miembros lleguen a cabo acuerdos con terceros países fuera de la UE, como sería este caso, para agilizar las deportaciones. No es exactamente lo mismo que lo que hizo la italiana Giorgia Meloni en Albania, un proyecto también paralizado por los tribunales: los centros del país balcánico estaban pensados para tramitar las solicitudes de asilo y discernir si un migrante tenía o no el derecho a entrar en la UE, mientras en este caso los países deportarán a Ruanda a aquellas personas que ya han agotado todas las vías legales para quedarse en Europa y se nieguen a regresar voluntariamente a sus países de origen. 

El canciller austriaco, Christian Stocker, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y los ministros del Interior de los países interesados durante una rueda de prensa en Viena
El canciller austriaco, Christian Stocker, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y los ministros del Interior de los países interesados durante una rueda de prensa en VienaLeonhard Foeger / Reuters

Esto es relevante a nivel jurídico, ya que, según los arquitectos de este modelo, la responsabilidad legal bajo la ley europea terminaría formalmente en el momento en que estas personas sean trasladadas en Ruanda, donde comenzarían a ser tratadas bajo la jurisdicción de este país africano. Tampoco se trata de un centro de detención vallado, sino con las puertas abiertas. Inicialmente, plantean unas cien plazas simultáneas en régimen continuo de rotación en el centro de recepción y, bajo el acuerdo con Kigali, al llegar a Ruanda estas personas recibirán un permiso de residencia legal, con acceso al mercado laboral, programas de formación y vivienda, y también asistencia para regresar a sus países o a un tercer país donde tengan una residencia legal. Por todo ello, estiman que no estarán en estas estructuras más de dos meses.

El plan está dirigido tanto a hombres como mujeres, pero no a los menores de edad no acompañados, con la participación formal de la Comisión Europea como observadora. Nadie quiere decir exactamente cuanto costará —principalmente, porque todavía no es un acuerdo escrito en piedra— pero desde los países interesados defienden que no será algo desorbitado y que solo implicará asumir los gastos que supongan la manutención de las personas en Ruanda, mucho menores que en Europa. A cambio, Ruanda firmaría acuerdos preferentes de inversiones y de desarrollo con estas cinco naciones interesadas. 

“No planeamos que miles de personas se queden en nuestro país”, sostuvo el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, que prometió que lo que mueve a su país no es el interés económico, sino la historia y poder “contribuir a una solución para el desafío global de la migración” basado en su propia experiencia como país. “Muchos de los nuestros han sido refugiados o solicitantes de asilo”, indicó el representante del país que sufrió un terrible genocidio en 1994. El objetivo es que el plan no se quede en Ruanda sino que, si funciona, otros países africanos sigan el ejemplo y quieran firmar pactos parecidos con naciones europeas.

Las organizaciones humanitarias ya se han llevado las manos a la cabeza con los detalles del acuerdo. “Los Estados miembros pueden llamarlos centros de retorno o incluso centros de acogida, pero ningún eufemismo puede ocultar la violencia que supone arrancar a las personas de la vida que se han ido construyendo en Europa y enviarlas a un país que ni siquiera conocen, sin familia, sin redes de apoyo ni perspectivas de futuro”, opina Chiara Catelli, técnica de incidencia política de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM). “Por el contrario, lo que cabe esperar es que estas personas se enfrenten a la indigencia, la explotación y, posiblemente, a deportaciones en cadena. Por no hablar de que, como es comprensible, intentarán volver a desplazarse para estar cerca de sus familiares y amigos y escapar de un lugar que nunca eligieron, teniendo que recurrir, posiblemente, a redes de tráfico ilegal para hacerlo”, advierte Catelli.

Anna Buj Cussó

Corresponsal en Bruselas. Antes, al frente de la corresponsalía en Italia y el Vaticano de La Vanguardia y RAC1 (2018-2024). Es autora de ‘Laboratori Itàlia’ (Pòrtic, 2024).

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