Retirar el teletrabajo a los subdirectores y equivalentes de la Administración de la Generalitat fue una decisión válida, justificada y que no contravenía sus derechos. El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 14 de Barcelona ha tumbado el recurso que habían presentado un grupo de trabajadores contra una instrucción que fijó el fin del trabajo a distancia para ellos.
En una sentencia fechada el pasado 11 de noviembre, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, la jueza Maria Àngels Llopis Vàzquez ve correcta la decisión y los argumentos que esgrimió la Generalitat en la instrucción de enero del 2025 con la que ordenaba el fin del trabajo a distancia que se empezó a ejercer en la pandemia.
En dicha instrucción, el Govern exponía que, vista la experiencia de la pandemia, el teletrabajo era “difícilmente compatible” con la naturaleza y responsabilidades de los subdirectores y puestos asimilados orgánicamente. Estos tienen una elevada responsabilidad estratégica, con un impacto institucional, y ejercen un papel de enlace entre la posición más elevada de la Administración de la Generalitat y el personal técnico, por lo que se requiere su presencialidad, se defendía.
La sentencia tiene un impacto potencial sobre unos 450 trabajadores con estos cargos o que tienen reconocido este nivel, pero solo unos 300 pidieron y ejercieron el teletrabajo. En todo caso, desde inicios del 2025 ya no estaban teletrabajando.
El recurso había sido interpuesto por una veintena de afectados por la instrucción contra el Departament d’Economia i Finances, que aplicó la decisión como el resto de estamentos. Este es el primero resuelto sobre el tema, ya que existen otros abiertos, tanto de otros colectivos como a título personal de trabajadores afectados, informan fuentes conocedoras.
El fallo da la razón a la Generalitat en su postura de que la función de los subdirectores no es susceptible de prestarse de forma adecuada en teletrabajo, y que es legal hacer excepciones para puestos que requieran presencialidad para prestarse de forma adecuada. También descarta que se atentara contra un derecho, ya que el teletrabajo es “una modalidad organizativa reversible”, “una alternativa en la organización del trabajo” y la retirada de autorizaciones es conforme a derecho y “potestad discrecional” de la Administración.
Siguiendo esta idea, la sentencia apunta que la instrucción para poner fin al teletrabajo fue una “simple directriz de actuación”, que no supone un reglamento, no modifica la regulación ni crea nuevas obligaciones. Asimismo, tampoco cree que se haya dado una indefensión de los trabajadores con ella.
Los trabajadores pueden apelar la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
