El Congreso ha avanzado en el trámite parlamentario para aprobar la reforma legal auspiciada por Junts que obligará a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general, a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas.
La ponencia encargada de la tramitación de la ley de Servicios de Atención a la Clientela, que se celebra a puerta cerrada, ha incluido la reforma que proponía Junts con el beneplácito de PSOE y Sumar, en concreto, una enmienda transaccional a la que ha accedido Europa Press en la que se recoge la reforma de Junts y que lleva la rúbrica de los partidos del Gobierno.
Esta transaccional modifica el artículo nueve la ley para obligar a las empresas afectadas por la ley a asegurarse de que los servicios de atención a la clientela estén dotados “de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones y para garantizar los derechos lingüísticos de la clientela”, independientemente de que dicho servicio sea prestado de forma directa o no.
Asimismo, se establece que el personal encargado de prestar atención personalizada a la clientela tendrá que contar con una “formación específica previa en idiomas cooficiales”. A tal efecto, la empresa será responsable de proporcionar a su personal la formación y capacitación continuada que sea necesaria para adaptar sus conocimientos sobre la actividad “a las lenguas cooficiales, a las variaciones tecnológicas y necesidades del mercado”.
Aunque el Gobierno circunscribió inicialmente la reforma de la atención al cliente a los territorios con lenguas cooficiales, la inclusión de las enmiendas de Junts no aclaran si será así o no, pero los posconvergentes valoran que se “protegen las competencias de Catalunya en materia de consumo y se preservan los derechos lingüísticos”.
La ley avanzará en su tramitación parlamentaria con la convocatoria de la comisión de derechos sociales y consumo, encargada de analizar la norma, pero el texto ya incluirá la reforma de Junts y no se podrá votar por separado.
