El Gobierno dio ayer el primer paso para revalorizar las pensiones a partir de enero. El Consejo de Ministros aprobó tramitar de forma urgente el real decreto de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, para asegurar que pueda llevarse a cabo la subida lo antes posible. Sin embargo, la fijación del aumento no puede todavía realizarse. Falta conocer los datos de inflación de noviembre que el Instituto Nacional de Estadística facilitará de forma adelantada el 27 de noviembre y, con carácter ya definitivo, el 15 de diciembre.
Es una decisión que se toma cada año y que suele pasar inadvertida; no deja de ser un trámite. Pero en esta ocasión destaca porque se ha adoptado el primer día de la campaña electoral, cuando las pensiones son y seguirán siendo un tema candente en la discusión política de cara a la formación del próximo gobierno; y además, en el transcurso de un Consejo de Ministros convocado de forma extraordinaria. Estos dos elementos le dan significación a la iniciativa, más cuando ha ido acompañada por la presentación de un informe en que se destacaba lo conseguido por este Gobierno en materia de pensiones en los últimos ocho años.
Un repaso en el que se ha querido destacar que la reforma del 2021 aseguró su revalorización con los precios, que con los incentivos y penalizaciones adoptados se ha retrasado la edad media real de jubilación a los 65,4 años, y que, dice el Gobierno, el sistema es ahora más sostenible. Un aspecto sobre el que hay más discusión. Si le faltaba, la agitó de forma brusca hace un mes la portavoz del PP, Ester Muñoz, al afirmar que las pensiones “van a petar”. Sin embargo, desde entonces los populares han bajado radicalmente el tono en este tema y se han cuidado mucho el tono en este terreno y de asegurar que, con ellos, las pensiones están garantizadas. Lo cierto es que la adicción a las urnas de los nueve millones y medio de pensionistas suele condicionar a los partidos cuando se acercan los comicios.
En todo caso, para el próximo año la revalorización en función de la inflación está asegurada. Lo fija la ley, y aunque el actual Gobierno tiene toda la intención de forzar la máquina para aprobarla, aunque quedara para el próximo Ejecutivo, también le tocaría aprobarlo en función de unos parámetros ya determinados.
En concreto, la indexación de las pensiones está establecida teniendo en cuenta la media de la inflación interanual entre diciembre del año pasado, y la tasa de noviembre de este año. Se fijó de esta manera para dar tiempo a que entrara en vigor el uno de enero, aunque siempre queda la opción de un pago retroactivo.
Ayer, el Consejo de Ministros dio el primer paso, pero la cifra final dependerá del dato que suministre el INE de la inflación de noviembre, cuyo avance se conocerá el 27 de noviembre, es decir, solo dos días antes de las elecciones. Ese día, aunque no se tomará ninguna decisión, sí que saldrá el anuncio de cuánto aumentaran las pagas el próximo año. En realidad, ya se conoce, a falta de perfilar una décima arriba o abaja. Con los datos actuales y la previsión del que falta, el IPC de noviembre, se puede calcular que estará en el entorno del 3,6%. Ayer, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, se curó en salud dando un margen muy amplio, entre el 3% y el 4%.
Queda pendiente de determinar, sin embargo, si se actuará ya con este dato o faltará comprobar si antes de establecer el aumento se espera a ver si coincide con el dato definitivo que el INE publicará más tarde, el 15 de diciembre.
