El debate sobre “la España de la inclusión” que defienden los socios de Gobierno está viviendo este martes una jornada de aceleración en varios frentes. Justo el día en que se ha cerrado un proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que ha desbordado todas las previsiones del Ejecutivo -los últimos cálculos apuntan a que más de un millón de extranjeros residentes accederán a los derechos de ciudadanía-, la mayoría plurinacional ha movido ficha en el Congreso. Y la proposición de ley para facilitar el acceso a la nacionalidad española de los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española ha superado la fase de ponencia tras un acuerdo in extremis entre el PSOE, Sumar y el grueso de los socios de investidura.
El movimiento parlamentario se engarza en una estrategia de fondo. Coincidiendo con este desbloqueo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido hoy al combate directo contra la “prioridad nacional” que el PP y Vox ensayan en sus pactos autonómicos, y lo ha hecho anunciando un nuevo plan de integración dotado con 505 millones de euros para su primer año. En ese clima de polarización sobre el modelo de ciudadanía, el informe sobre los derechos de la población saharaui ha salido adelante gracias a la mayoría progresista, la abstención de Junts y el voto en contra en bloque de las derechas.
Con este paso, la iniciativa reanudará una tramitación que permanecía prácticamente congelada desde hacía más de un año. Impulsada originalmente por Sumar, la proposición llevaba desde abril pendiente de un consenso sobre las enmiendas transaccionales. En las últimas semanas, las urgencias del calendario y el acercamiento de posiciones entre socialistas y el grupo de Yolanda Díaz han fructificado en una nueva redacción que el bloque de la investidura pretende aprobar a contrarreloj. La idea, trasladada por fuentes del PSOE, pasa por despachar el texto en la comisión de Justicia el próximo 14 de julio y certificar su aprobación definitiva en el pleno extraordinario previsto para el día 23, justo antes del parón estival.
Tras aprobarse el dictamen de la ponencia, la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, ha explicado que la norma busca conceder la nacionalidad española a los saharauis y sus descendientes que vivían en la antigua provincia española antes de la ocupación marroquí en 1976, lo que actualmente afectaría a unas 50.000 personas. Pero también beneficiaría a los 30.000 migrantes saharauis que, según sus datos, se encuentran actualmente viviendo en España. Muchos de ellos bajo el estatuto de apátrida.
El texto definitivo incorpora modificaciones de calado. La principal novedad estriba en la reducción a solo dos años del plazo de residencia legal y continuada en España exigido a la población saharaui para acceder a la condición de ciudadano, equiparándolos al régimen de favor del que gozan las naciones iberoamericanas o sefardíes por sus vínculos históricos.
Asimismo, la norma reconoce que concurren “circunstancias excepcionales” para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara antes del 11 de agosto de 1977. Para acreditar el derecho, el texto se abre a una amplia flexibilidad documental. Desde un antiguo DNI español hasta certificados de escolarización, hospitalización o la propia inscripción en el censo que elaboró la ONU para el frustrado referéndum de autodeterminación. Las solicitudes, que estarán exentas de tasas, se podrán presentar en un plazo de tres años a contar desde los seis meses posteriores a su publicación en el BOE.
Para el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, la proposición de ley ha dado un “paso trascendental” y supone “un primer reconocimiento y reparación” al pueblo saharaui, aunque ha apuntado que la reparación histórica pendiente sigue siendo “hacer todo lo posible” para garantizar su derecho a la libre autodeterminación y a la soberanía en su territorio.
Por su parte, el diputado del PSOE y ponente, Artemi Rallo, ha señalado que el Congreso ha dado un paso “definitivo e irreversible” para reconocer la posibilidad de que los saharauis accedan a la nacionalidad española, coincidiendo con el año en que se cumplen 50 años desde que España abandonó el Sáhara.
Desde las filas socialistas han defendido el pacto como el cumplimiento de su compromiso para desbloquear el texto antes del cierre del periodo de sesiones, presentándolo como una “reparación histórica” para el pueblo saharaui. Los socialistas no han dejado pasar la oportunidad de confrontar en el plano ideológico, cargando contra el rechazo frontal de PP y Vox y afeando la equidistancia de Junts, en una jornada donde la política migratoria y de identidad ha vuelto a situarse en el epicentro del tablero político.
