El Gobierno está decidido a aprobar una nueva prórroga de los alquileres, una medida que en su día dividió a PSOE y Sumar y que encontró el rechazo de la mayoría del Congreso de los diputados. Ahora, el Ejecutivo de coalición afirma haber encontrado una fórmula para extender otra vez los contratos y concentrar los apoyos necesarios para sacarla adelante. La iniciativa forma parte de un paquete de medidas sobre vivienda que verá la luz durante el mes de julio.
“Se trata de un real decreto amplio y transversal”, afirmó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros de este lunes. Éste recogerá propuestas en materia de vivienda que han respaldado diferentes grupos parlamentarios a lo largo de la legislatura para intentar atraer sus votos favorables una vez el Congreso deba convalidarlo.
Según explicó la también ministra de Inclusión, las medidas se estructurarán en dos bloques. El primero, orientado a bajar el precio de las viviendas, dar estabilidad a los alquileres y combatir fraudes. Además de la prórroga de los contratos, se incluirán también la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio de las rentas.
Negociación con Junts para asegurar la aprobación del real decreto
El segundo, se enfocará a la movilización de inmuebles para uso residencial. Entre ellas, Saiz citó el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos.
El Gobierno ya intentó prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que finalizaban antes del 31 de diciembre del 2027 mediante un real decreto que aprobó el 20 de marzo. Sin embargo, no logró convalidarlo en el Congreso y decayó el 18 de abril tras los votos contrarios del PP, Vox y Junts. La norma estuvo así en vigor durante algo más de un mes.
Desde Sumar, impulsores iniciales del real decreto que se aprobó en marzo, se felicitaron ayer de recuperar la extensión de los alquileres y consideraron que esta vez hay margen para el acuerdo. El portavoz de la formación, el ministro Ernest Urtasun, explicó que Junts ha pedido algún ajuste en relación a la prórroga que el Ejecutivo está dispuesto a estudiar. Sus votos serán indispensables para que esta vez la medida perdure.
El paquete sobre vivienda incluirá asimismo mejorar la agilidad administrativa para la promoción urbanística. Precisamente este lunes, la la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un estudio sobre este punto en el que pedía acabar con estos cuellos de botella urbanísticos y agilizar los procesos en un momento de escasez de pisos.
La disponibilidad de suelo y los trámites para urbanizarlo impactan en la oferta de vivienda y ya suponen hasta el 45% del precio final de un inmueble.
La complejidad normativa y administrativa dificulta la movilización de suelo y la ampliación de la cartera de vivienda en España, concluye el organismo en un estudio publicado el lunes. En este sentido, considera que impulsar la eficiencia de los procesos urbanísticos podría contribuir a reducir costes, acortar plazos y aumentar la oferta de vivienda, tanto libre como social.
Entre sus recomendaciones, el organismo plantea simplificar y coordinar la normativa urbanística, flexibilizar el planeamiento, agilizar las modificaciones de los planes y reducir la complejidad de los instrumentos de ordenación.
Por otro lado, propone facilitar la gestión urbanística y la edificación mediante la agilización de licencias y el impulso de las declaraciones responsables, además de mejorar el funcionamiento y la coordinación de los informes sectoriales para evitar duplicidades y retrasos. De esta manera, concluye, se impulsaría la construcción de vivienda en un momento de alta demanda como el actual. El Banco de España alertó justo la semana pasada que la brecha entre la creación de hogares y las viviendas disponibles sigue aumentando. Ya son 750.000 los pisos acumulados que faltan para cubrir las necesidades actuales.
