El Gobierno aprueba el polémico decreto de centros de datos para evitar “un impacto de 5.000 millones” en la tarifa de luz

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes y a apenas una semana de las elecciones generales el polémico real decreto que criba la puesta en servicio de centros de datos en función de aspectos como la sostenibilidad y el consumo hora a hora de renovables.  El objetivo es racionalizar su integración y evitar “un impacto de 5.000 millones de euros” al año en la factura eléctrica, ha asegurado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al presentar la norma. Lejos de amainar, la controversia va en aumento y tanto las empresas como la Comunidad de Madrid anuncian recursos en los tribunales.

“En ausencia del real decreto, los consumidores tendríamos un impacto de 5.000 millones de euros en la factura”, de modo que con la nueva norma “conseguimos que los precios en los consumidores no sigan subiendo”, ha afirmado la ministra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. De no aprobarse el real decreto, ha asegurado, se produciría una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista equivalente a unos 4.000 millones de euros por un incremento de la participación de las centrales de gas, además de un encarecimiento de los costes de los mecanismos de capacidad por otros 1.000 millones.

La ministra también ha aludido a una subida “a los consumidores industriales del 25% más por la energía eléctrica” y ha defendido que estos cálculos del Gobierno son “conservadores”. “No se están teniendo en cuenta los precios inflacionados en un contexto de guerra”, ha afirmado.

Esta norma ha generado el rechazo directo de las empresas del sector, que avisan de la fuga de inversiones internacionales y que amenazan con litigios en caso de que tengan que interrumpir el desarrollo de los proyectos en curso. “Es cierto que ha habido mucho debate” y “hemos recibido más de 600 alegaciones”, ha afirmado Aagesen. “España es un lugar para invertir, pero queremos hacerlo bajo esos estándares”, ha añadido.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá el decreto mientras el responsable económico del PP, Alberto Nadal, ha asegurado que su partido lo derogará si llega al poder. 

Fuentes de SpainDC indican que recurrirán el real decreto y solicitarán al juez su paralización cautelar. Esta asociación considera que el decreto supone “un veto de facto al sector” que pone en riesgo 66.900 millones de euros de inversión potencial y condena a España a perder competitividad en la carrera por la IA. También critica a Aagesen por justificar la norma con “cifras alarmistas y comparaciones engañosas”. No es la única organización empresarial que carga contra el decreto Desde Multinacionales con España reclaman ”una evaluación rigurosa del impacto económico de la norma y un diálogo más activo y continuado con el sector”.

La ministra ha sostenido que el real decreto es “pionero”, “innovador”, “necesario” y puede servir como “referencia europea” y hacer “historia”. Ha citado además casos como el de Irlanda, que ha tenido que aprobar una moratoria a estas instalaciones, cuyo consumo equivale ya al 23% de la demanda eléctrica del país. “Es una oportunidad de oro para demostrar que los centros de datos pueden llegar a los países ofreciendo sostenibilidad y menor impacto”.

Una etiqueta A en función de la “región climática” sin precisiones sobre Móra la Nova

La norma conserva la exigencia de que los centros de datos cuenten con la etiqueta A de máxima calidad, con una modulación en función de la “región climática” que establecerá diferencias de exigencia, mayores por ejemplo en Andalucía que en Euskadi o Catalunya. La ministra no ha precisado si beneficiará al proyecto de Móra la Nova. Esta etiqueta supone, según los cálculos del Gobierno, que los nuevos centros de datos apenas consumirán 0,1 litros por cada kilovatio hora, lo que equivale a un volumen “casi nulo”, ha dicho.

Se mantienen además dos de los puntos más controvertidos: que el consumo de electricidad proceda en un 80% de fuentes renovables de nueva incorporación y que ese consumo se demuestre hora a hora. Eso sí, “tras la alegaciones, hay algunas modificaciones”, ha afirmado Aaagesen.

Habrá un régimen transitorio en la obligación de consumir un 80% de electricidad renovable hora a hora

El principal cambio consiste en que se fija un régimen transitorio opcional en el que en un primer momento los centros de datos solo se verán obligados a cumplir con la correlación horaria en lo equivalente al 60% de la demanda. El porcentaje subirá al 70% en el 2029 hasta alcanzar el 80% en el 2032.

Los centros de datos también tendrán que cumplir requisitos de soberanía digital, de modo que se limite el acceso a terceros de los datos acerca de los ciudadanos que alberguen.

Un aluvión de 3.000 MW de permisos en apenas tres meses

Aaagesen ha asegurado que ya hay concedidos 15.000 megavatios en centros de datos, de los que 6.000 corresponden a la red de transporte y otros 9.000, a los de distribución. Unos 3.000 megavatios, ha dicho, han llegado “en los tres últimos meses”.

“Hay además más de 20 gigavatios (20.000 megavatios) en cola en nuestro país”, ha afirmado la ministra. “Queremos que lleguen a España, pero bajo estándares de sostenibilidad y soberanía digital”, ha afirmado.

Una nueva planificación energética con recorrido para 3 millone de viviendas nuevas

El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes una revisión de la planificación energética hasta el 2030 para recoger una mejora de la capacidad de la red de transporte. Se invertirán 17.142 millones de euros, un 146% más, con la previsión de que se incorpore en los próximos años una demanda equivalente a 47.700 megavatios.

Aaagesen ha destacado no solo el aumento de la demanda eléctrica procedente de la industria, sino también de la vivienda. Según ha dicho, se mejorarán las redes para dar acceso a consumidores domésticos por cerca de 6.000 megavatios, lo que permitirá construir unos 3 millones de viviendas.

El nuevo plan incluye 193 parques de subestaciones y 6.707 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, además del incremento de capacidad de 8.164 kilómetros de la red existente. Redeia indica que las actuaciones se desplegarán en todas las comunidades autónomas y permitirán dar respuesta a nuevas demandas de electricidad, anticiparse a los retos de la electrificación, reforzar la seguridad de suministro e integrar más renovables.

Iñaki De las Heras

Redactor de la sección de Economía y Empresas de La Vanguardia. Licenciado en Periodismo (UCM) y en Psicología (UNED). Ha trabajado en Europa Press y en Expansión

También te puede interesar