El Gobierno reactivará en septiembre la tramitación en el Congreso de los Diputados de la ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que estuvo cerca de su aprobación en el 2023 y que quedó encallada debido a la celebración de elecciones generales. El Congreso llegó a darle el visto bueno, pero la norma quedó a la espera de aprobación del Senado.
En un encuentro este viernes con asociaciones bancarias y representantes de los usuarios, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado la reactivación de la norma. “Vamos a impulsar que en septiembre la comisión de Economía del Congreso retome los trámites para finalizar la autoridad de defensa del cliente financiero”, ha afirmado delante de las patronales bancarias, que no han tardado en rechazar la medida. La decisión se toma tras recibir “un mensaje muy claro” de las asociaciones de consumidores, ha afirmado el ministro.
Esta autoridad superó hace tres años el trámite del Congreso con la abstención del PP, después de que se eliminasen algunos de sus aspectos más controvertidos, como el de una tasa de 250 euros por reclamación que debían pagar los bancos y que, a juicio de las entidades, generaba un incentivo para denunciar. Serán los bancos los que financien la autoridad en proporción a las denuncias que reciben.
La decisión abre un frente de conflicto con la banca
Este viernes, los bancos han vuelto a expresar su rechazo a la norma con el argumento de que el modelo actual funciona bien y de que la nueva autoridad va en la línea contraria de la simplificación regulatoria y reducción de la burocracia por la que se aboga a nivel comunitario.
Su rechazo reaviva uno de los grandes frentes de conflicto entre el Gobierno y la banca. El mayor sigue siendo el gravamen extraordinario al sector creado en el 2022 y su prórroga hasta el 2026 en forma de tributo temporal, sobre el que las partes siguen a la espera de la decisión de los tribunales.
Cuerpo ha recalcado tras la reunión, en presencia de los representantes de los bancos, que la autoridad de defensa del cliente financiero resolverá las reclamaciones en un plazo máximo de 90 días, será gratuita para el consumidor, evitará los recursos judiciales y emitirá decisiones vinculantes para controversias de importe inferior a 20.000 euros.
“No es el momento de una nueva autoridad”, dice la AEB
“En España ya contamos con mecanismos de resolución de las reclamaciones”, ha afirmado la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, en respuesta al anuncio del ministro. El Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros son los actuales encargados de esta función, ha recordado.
“Por supuesto, se pueden mejorar con más transparencia o celeridad, pero son mecanismos que funcionan y entendemos que en este momento en el que estamos buscando una simplificación del marco supervisor no es el de una nueva autoridad”, ha asegurado.
Antonio Romero, director general de la asociación de antiguas cajas CECA, se ha expresado en la misma línea. “Creemos que el modelo actual del que disponemos es más que suficiente y no es necesario constituir una nueva autoridad cuando ya disponemos de tres con conocimiento consolidado y profundo”.
Las asociaciones de consumidores celebran que Economía reactive la norma
Desde la asociación de consumidores de banca Asufin, el anuncio de la reactivación de esta autoridad es “una noticia excelente” que “responde a una necesidad histórica de equidad y justicia para los usuarios”. El organismo, afirma, tendría competencias no solo para los asuntos bancarios, también de pequeños inversores, minicréditos de entidades no supervisadas y las cripto.
Con la situación actual, “las quejas inadmitidas crean frustración porque obligan a ir a tribunales, con gasto de tiempo y dinero, y hace que muchos consumidores tiren la toalla”, lamenta Asufin.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas está en la misma línea. “Hemos defendido la necesidad improrrogable de que exista una autoridad independiente porque estamos ante un ámbito de máxima vulnerabilidad”, afirma.
En la reunión, como ha explicado Cuerpo, también se ha tratado el plan para que los carteros de Correos distribuyan efectivo en la España vaciada y el registro de alias dirigido por la CNMC para bloquear todos los SMS de empresas que no se encuentren correctamente registradas ante el regulador.
