La Societat General d’Aigües de Barcelona, que forma parte del grupo francés Veolia, ha conseguido la mejor puntuación en los criterios técnicos y económicos del macroconcurso del agua en ocho localidades que forman parte del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Pero ahora deberá demostrar, en cinco días hábiles, que su oferta económica es viable y no anormalmente baja.
Así se desprende del acta de la mesa 4 del concurso público valorado en más de 1.000 millones, una de las mayores licitaciones en curso ahora mismo en Catalunya, que se ha hecho pública este viernes. De hecho, también deben avalar su oferta dos uniones temporales de empresas: la conformada por Facsa, Calaf e Inima y la de Gestagua con su empresa matriz Saur. En total, seis empresas se presentaron al concurso.
La oferta de Veolia representa una baja de los precios unitarios de las inversiones del 60%, la de Facsa de un 29,10% y la de Gestagua de un 45%. El límite establecido en este caso, tras calcular una media de las proposiciones, es del 27,63%. El concurso público establece que el ganador debe realizar inversiones por valor de 175,6 millones de euros.
La normativa que revisa las ofertas para evitar bajas temerarias dictamina que se requerirá más información “cuando concurran tres o más licitadores, las que hagan una baja superior en más de 5 puntos porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas”. Ahora bien, las normas agregan: “Se excluirá para el cómputo de esta media la oferta que supere en más de cinco puntos porcentuales la media aritmética de las ofertas”. Y tras aplicar este método, tres firmas deberán aportar documentación extra.
Se requiere más información a tres empresas
Para superar este trámite, la justificación deberá acreditar de forma particular el “ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción”. También las “soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables que disponga para suministrar productos, prestar servicios o ejecutar las obras”.
También se debe acreditar la “innovación y originalidad de las soluciones propuestas” y el “respeto a las obligaciones que sean aplicables en materia medioambiental, social o laboral y de subcontratación”, entre otros criterios.
Con todo, según consta en el pliego de condiciones del macroconcurso público, únicamente podrán ser excluidos del procedimiento los licitadores que “no aporten la justificación requerida, o la oferta de los cuales, considerando la justificación aportada y los informes técnicos solicitados, se estime que no pueda ser cumplida a satisfacción”.
