La Comisión Europea abre la puerta a permitir que los ayuntamientos puedan imponer restricciones las segundas residencias y a los alquileres turísticos en las zonas más amenazadas por la grave crisis de vivienda que recorre el continente. La normativa no prohíbe en ningún caso las segundas residencias, sino que, según un borrador de la propuesta al que ha tenido acceso este diario, daría cobertura legal a los ayuntamientos y gobiernos para que puedan limitar la compra de vivienda para uso no habitual en las áreas de mayor tensión habitacional, siempre que presenten pruebas con datos que justifiquen la medida y demuestren que no existen alternativas menos restrictivas para solucionar el problema.
Se trata de la nueva Ley de Vivienda Asequible, que presentarán este miércoles la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen. Si nada cambia en el documento final, la propuesta comunitaria implica por primera vez el establecimiento de este paraguas jurídico con límites a la compra de segunda residencia. No afectaría a la que ya está adquirida, sino a la nueva propiedad, y se haría a través de la creación de un marco de control riguroso para asegurar que sea compatible con el derecho de la Unión Europea.
Eso sí, según el borrador, para poder aplicar cualquier restricción sobre las segundas residencias, los ayuntamientos o las autoridades locales competentes deben poder demostrar con datos objetivos una serie de condiciones. Por ejemplo, que la compra de viviendas para usos diferentes a la residencia habitual ha perjudicado la asequibilidad de la vivienda en esa zona durante al menos los tres años anteriores, que la media del precio de transacción de una vivienda sobre la renta disponible mediana sea igual o superior a 8 o cuando este ratio haya aumentado a lo largo de los 10 años anteriores. Por ejemplo, esto serviría para solventar casos de localidades vacacionales como Biarritz, en Francia, donde la mayoría de casas ya son segundas residencias y los locales no pueden adquirir viviendas para un uso particular.
Los ayuntamientos deberán demostrar con pruebas los efectos negativos de las segundas residencias
El reglamento también es un varapalo para plataformas como Airbnb, ya que permite que las administraciones locales adopten restricciones comerciales severas contra el alquiler turístico sin miedo a largas batallas judiciales por violar las libertades de mercado de la UE, que muchas veces terminan disuadiendo a los ayuntamientos de actuar con firmeza.
La Comisión Europea ha marcado una línea roja al prohibir en este borrador cualquier tipo de restricción al alquiler turístico si este se realiza en la propia residencia principal del anfitrión, ya que entiende que es un apoyo financiero legítimo para muchas familias. En cambio, en los inmuebles que no constituyen la residencia principal del propietario los ayuntamientos sí podrán aplicar duros esquemas de autorización, registros o límites cuantitativos si demuestran que el incremento de alojamientos turísticos ha tenido un impacto negativo real y comprobado sobre el alquiler tradicional durante al menos los tres años anteriores, igual que en el caso de las segundas residencias.
Además, Bruselas pide que antes de dar unos pasos tan drásticos se prioricen alternativas más proporcionales. Es decir, medidas menos restrictivas como topes cuantitativos en las zonas tensionadas, o excepciones por dificultades extremas o incentivos fiscales.
Fuentes comunitarias explican que se han tenido muy en cuenta las propuestas de la alianza de alcaldes Mayors for Housing (Alcaldes para la Vivienda), entre ellos el alcalde de Barcelona Jaume Collboni, que ha exigido a Bruselas más una mayor cobertura legal y también la definición de zonas bajo estrés de vivienda para hacer frente a esta crisis. “El marco está muy inspirado en las propuestas de los alcaldes”, explican desde Bruselas.
De aprobarse con esta forma este miércoles en el Colegio de Comisarios de Ursula von der Leyen, la propuesta europea todavía tiene mucho camino por recorrer. Requiere la luz verde del Consejo de la UE (los Estados miembros) y también del Parlamento Europeo, donde la derecha es mayoritaria en ambas instituciones. Fuentes populares ya han mostrado su rechazo tajante a las propuestas de limitar los alquileres de corta duración y las segundas residencias, que creen que perjudicarían a la economía local y destruirían empleo.
