“Capacidad técnica, sentido común y conocimientos de competencia”. Estas fueron las tres características que Cani Fernández apuntó el jueves como las imprescindibles que debe cumplir quien la sustituya en la presidencia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), cargo que ha ostentado desde el 2020 y cuyo mandato formalmente finaliza el próximo martes.
Pero las aspiraciones de Fernández están muy lejos de las que manejan en la Moncloa. Los nombres propuestos por la todavía presidenta han caído en saco roto, no solo por las tensiones que ha mantenido en los últimos años con el Ejecutivo sino también por la realidad a la que se enfrenta la institución en los próximos seis años.
Si en su momento, la entonces ministra de Economía Nadia Calviño apostó por un perfil más técnico como el que representaba Cani Fernández, ahora el Gobierno deshoja la margarita entre un perfil liberal o uno progresista. O dicho de otro modo, un técnico o un candidato cercano a los postulados de la izquierda y, en cualquier caso, alejado del perfil presidencialista que ha caracterizado la época de Fernández. “Candidatura robusta, con capacidad de liderar, pero con una buena mano izquierda para tejer consensos en el marco de un órgano colegiado”, han sido las indicaciones que han transmitido desde la Moncloa al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que proponga sus candidatos.
Las consultas llevan semanas, aunque todo apunta a que el próximo martes, el Consejo de Ministros podría dar a conocer su decisión. O no. Porque, de momento, todo está en el aire. El nombramiento de la presidencia va acompañado de otros tres nombres para sustituir a los candidatos que junto a Fernández acaban mandato. Josep María Salas, propuesto por ERC; Carlos Aguilar, en su día propuesto por Podemos –ambos miembros de la sala de Regulación– y Pilar Sánchez, propuesta por el PSOE, que abandonó el cargo en la sala de Competencia en enero.
Repartir cargos es estratégico para evitar un veto en la comisión de Economía del Congreso
El cambio de cromos es estratégico. ERC y Sumar ya han trasladado a la Moncloa sus nombres. Pero, una vez más, Junts complica el tablero. El partido de Puigdemont ya nombró candidato, Pere Soler, en diciembre del 2024. Pero el que fuera director general de los Mossos d’Esquadra durante el referéndum del 1-O no ha cumplido con lo esperado. La formación catalana niega haber propuesto otro nombre ni haber tenido conversaciones con la Moncloa. Si lo hiciera, el PSOE debería sacrificar a su candidato a consejero a favor de un segundo para Junts. Es difícil que Sumar acepte perder al suyo.
Pero quizá no le haga ni falta. Porque hay una baza en toda la jugada que podría sonar bien en la formación catalana sin necesidad de que rompan la incomunicación que, aseguran, mantienen con el Ejecutivo. “No hablamos con ellos, solo apoyamos propuestas cuando coinciden con nuestros intereses”, trasladan.
La receta que podría gustar, y mucho, al equipo de Míriam Nogeras como para no vetar su propuesta cuando llegue a la Comisión de Economía del Congreso sería un proyecto de remodelación organizativa de la CNMC que culminaría en recuperar Barcelona como sede de algunas de las actividades. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) se trasladó de Barcelona a Madrid en el 2015 cuando se incorporó a la CNMC.
“Recuperar para la CNMC la sede que tiene en el Poblenou no se trata de un antojo. Es una necesidad operativa que tiene mucho sentido con lo que viene por delante”, explican fuentes conocedoras del proceso.
El organismo deberá asumir en los próximos años una ingente nueva carga de actividades
“Lo que viene por delante” no es otra cosa que una avalancha de nuevas tareas para la CNMC ligadas a la regulación europea. Por un lado, está el reglamento europeo de Servicios Digitales, conocido como DSA (Digital Services Act), que la CNMC será responsable de supervisar y aplicar. Implica vigilar desde redes sociales hasta plataformas de ventas, servicios de alquiler, tiendas online, de aplicaciones, etcétera. Por otro lado, está el reglamento europeo de Libertad de Medios de Comunicación (European Media Freedom Act o EMFA). “Ambos van a disparar la carga de trabajo a niveles similares a lo que ahora se dedica a energía, que es mucho”, dicen fuentes del organismo. La propuesta que circula por la Moncloa es dividir la actual sala de Regulación en tres. Una, para temas generales, como la actual; otra, para comunicaciones y servicios digitales, que se ubicaría en Barcelona, y otra, solo para energía que sería una versión asequible de la enquistada Comisión de Energía. “Los servicios comunes serían compartidos, no se necesitaría un nuevo edificio y se cumplirían con los compromisos del pacto de gobierno. Y quizá sería necesario ampliar miembros en el consejo”, aseguran quienes conocen la propuesta. Liderar ese cambio no le será fácil al nuevo presidente o presidenta de la CNMC.
