El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno solcitada por varias asociaciones, que presentaron medidas cautelares mientras se resuelve el fondo del asunto.
La Sala, presidida por Carlos Lesmes, ha estudiado las medidas cautelares solicitadas por la asociación HazteOir, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Asociación Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid que reclamaban la suspensión cautelar y urgente de la regularización.
Además, ha inadmitido por falta de legitimación activa el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia. En consecuencia, la sala considera que no resulta necesario resolver sobre su petición de suspensión cautelar del Real Decreto impugnado.
Sí ha admitido la legitimación activa del partido político Vox y de la Comunidad de Madrid para interponer el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1155/2024, aunque deniega su petición de suspensión cautelar.
Alegaban que la medida constituye un “fraude de ley y que su ejecución generaría un daño irreversible que no podría ser reparado con una eventual sentencia favorable en el futuro”.
El tribunal admitió a trámite el recurso contencioso el pasado 16 de abril y como consecuencia de ello reclamó al Ejecutivo un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo completo de la regularización. Ya rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas, sin escuchar a las partes.
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril de 2026 un Real Decreto para la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 inmigrantes en España. El proceso, que comenzó el 16 de abril, permite obtener autorización de residencia y trabajo a quienes demuestren llevar en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y carezcan de antecedentes penales.
