Se estrecha parcialmente el cerco judicial sobre la gestión patrimonial de la Comunidad de Madrid. El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia por responsabilidad contable presentada por Más Madrid por la compra del ático de lujo del Paseo General Martínez Campos. Las actuaciones han pasado a la Sección de Enjuiciamiento, que deberá determinar ahora si procede abrir diligencias preliminares o un procedimiento de reintegro por alcance sobre la operación realizada por la empresa autonómica Planifica Madrid.
El movimiento del órgano fiscalizador va a suponer una sacudida del tablero parlamentario autonómico junto al registro por parte de Más Madrid de un escrito ante la Mesa de la Asamblea para exigir que el Gobierno regional entregue de inmediato la totalidad de la documentación sobre la adquisición de la finca de Chamberí. La formación que lidera Mónica García ha reclamado disponer de esos documentos con un margen mínimo de 24 horas antes de que comparezca en la Cámara el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, prevista para el próximo 17 de septiembre.
Para fundamentar su exigencia, la oposición se ha acogido al artículo 111 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece que ningún debate puede comenzar sin la previa distribución de la documentación pertinente con al menos 24 horas de antelación, salvo autorización de la Mesa o de la comisión competente. Entre la documentación requerida figuran la memoria justificativa de la operación, las tasaciones oficiales y externas del inmueble, los análisis de alternativas y el acuerdo del Consejo de Administración de Planifica Madrid que autorizó la operación, además de las escrituras públicas de compraventa.
“Ahora Ayuso tiene una obligación legal: entregarlo todo”, ha enfatizado el portavoz jurídico de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca. En la misma línea, la líder de la formación y ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado la operación como el “escándalo más obsceno” vivido en la política regional y ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de haber empleado dinero público para “financiar el tren de vida” de la presidenta. García ha vaticinado además que el caso supondrá el “chao pescao” de la presidenta autonómica.
La marejada legal y política se ha visto agravada tras revelarse un dato clave que desarbola la justificación oficial del Ejecutivo regional. En el mismo momento en que Planifica Madrid adquirió el ático de Chamberí por 6,3 millones de euros —bajo el pretexto de alojar temporalmente a la presidenta mientras se ejecutaban unas obras en la sede de la Presidencia, en Sol—, la empresa pública mantenía vacía una oficina de 478 metros cuadrados a escasos metros de la Plaza de Castilla.
Se trata de un amplio inmueble situado en la calle Pedro Moreno, a la entrada de la futura ciudad financiera de Madrid Nuevo Norte, que según ha adelantado El País cuenta con unas dimensiones prácticamente calcadas a las de la vivienda de lujo (485 metros cuadrados) y dotado con siete despachos, tres baños y zonas administrativas listas para ser usadas. Pese a que el local figuraba en la propia web oficial del ente autonómico como espacio disponible para arrendamiento o venta, la Consejería de Presidencia no ha ofrecido respuesta sobre por qué desestimó el uso de esta propiedad propia antes de recurrir al mercado inmobiliario privado para adquirir una finca cuyo uso como oficina contraviene además la normativa urbanística.
La Mesa de la Asamblea, donde el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta, ha recibido la petición de la oposición y prevé tomar una decisión en las próximas horas. El choque institucional promete vivir su primer gran asalto esta misma semana durante el Debate del Estado de la Región, donde la oposición ha avanzado que convertirá las sombras del caso ático en el eje central del escrutinio al gabinete de Díaz Ayuso.
