El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados este jueves en Estados Unidos de un nuevo delito federal por las acusaciones de tortura y represión contra sus opositores políticos. Recluso en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, desde su captura el 3 de enero en su domicilio en Caracas, el matrimonio ya enfrentaba una imputación formal por cargos relacionados con el “narcoterrorismo”, de los que ambos se declararon no culpables.
Según la nueva imputación, publicada por las autoridades de EE.UU., Maduro “autorizó el uso de la tortura contra determinadas personas y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política”.
El nuevo cargo añade todavía más presión contra el dictador, cuyo juicio por importar cocaína a EE.UU. está previsto para el 1 de junio del 2027. Sin embargo, sus abogados siguen tratando de desestimar el caso alegando que goza de inmunidad como líder de un país extranjero, que además fue secuestrado en contra del derecho internacional, por lo que la fecha podría aplazarse.
Desde el 3 de enero, quien fuera su vicepresidenta, Delcy Rodriguez, ha seguido al mando de Venezuela, encabezando lo que se supone que es un gobierno de transición, aunque no hay fecha para futuras elecciones. El plan de tres fases de EE.UU., que ha alcanzado con Rodriguez importantes acuerdos para la explotación americana de los recursos naturales del país, principalmente el petróleo (es el primero del mundo en reservas naturales), es mantener al régimen chavista dócil mientras prepara el terreno para los comicios.
Está previsto que la esposa de Maduro, Flores, comparezca hoy ante un tribunal de Manhattan para pedir al juez Alvin Hellerstein que le conceda libertad bajo fianza por motivos de salud, para someterse a una intervención cardíaca, mientras espera el juicio. Además, también alega que, durante la operación militar estadounidense que condujo a su captura, fue lastimada al ser “lanzada contra una pared” por los agentes de la unidad especializada Delta Force. La fiscalía se opone con rotundidad porque considera que supondría un riesgo “extremo” de fuga.
La nueva acusación sostiene que el matrimonio se mantuvo en el poder “aterrorizando a sus supuestos adversarios mediante la persecución y la violencia”, a la vez que sostiene que miles de venezolanos fueron “acosados, amenazados, detenidos, procesados, agredidos, torturados o asesinados” por personas que seguían órdenes del gobierno.
La nueva acusación sostiene que el matrimonio se mantuvo en el poder “aterrorizando a sus adversarios mediante la persecución y la violencia”
Estos delitos se añaden a los plasmados en la imputación anterior, todavía vigente, que sostiene que, durante más de 25 años, Maduro, Flores y otros dirigentes venezolanos han “abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones que antes eran legítimas para importar toneladas de cocaína a EE.UU.” Concretamente, el Departamento de Justicia afirmó que el gobierno venezolano proporcionó “cobertura policial y apoyo logístico” a bandas de narcotraficantes, como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua, que enviaban parte de sus beneficios a altos cargos que, a cambio, los protegían.
Maduro estuvo “a la vanguardia de esa corrupción”, afirmó la acusación, y utilizó “la autoridad que obtuvo ilegalmente y las instituciones que corroyó para transportar miles de toneladas de cocaína a EE.UU.” Entre otros actos concretos, también se acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes conocidos y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer de regreso desde México a Venezuela los beneficios del narcotráfico.
En sus alegatos iniciales, tras la captura exprés en enero, Maduro se declaró como “inocente” y “un hombre decente” y denunció los “planes imperialistas” de EE.UU. “Sigo siendo el presidente de mi país”, sentenció.
