Casi diecinueve meses después de ser entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, encarcelado en La Haya, fue declarado apto por el propio tribunal para ser juzgado. La Corte consideró que Duterte, de 81 años, “está en condiciones de ejercer efectivamente los derechos vinculados a la celebración de un juicio justo”. El juicio debe comenzar el 30 de noviembre.
Duterte afronta tres cargos de crímenes contra la humanidad por asesinato y tentativa de asesinato. Según la acusación, siendo presidente de Filipinas el exmandatario lideró un ataque generalizado y sistemático contra población civil amparada por su “guerra contra las drogas”. Los hechos que juzgará la CPI se cometieron entre 2011 y 2019, y afectan a dos de los cargos públicos que ostentó Duterte: la alcaldía de Davao, donde se registraron ejecuciones, y la presidencia del país.
La acusación cifra en “miles” el número de víctimas de esta represión. Los cargos a los que se enfrenta fueron confirmados el pasado mes de abril.
Precisamente, desde la presidencia, Duterte intentó que Filipinas no reconociera la autoridad de la corte de La Haya. Manila notificó su retirada del Estatuto de Roma el 17 de marzo de 2018, efectiva desde el 17 de marzo de 2019. La Sala de Apelaciones de La Haya confirmó no obstante en abril que la Corte es hábil para juzgar a Duterte por los delitos cometidos hasta el 16 de marzo de 2019.
Aún así, la Defensa del expresidente sostiene que su cliente tiene problemas de memoria, por lo que no puede ejercer en plenitud su defensa. Los abogados de Duterte aseguran que este cree vivir en el año 2008, cree tener entre 84 y 85 años y es incapaz de recordar quién es el actual presidente de Estados Unidos, indica AFP.
