Hace más de un año que superaron la prueba más difícil de sus vidas y consiguieron, por fin, una plaza en el cuerpo de la Inspección de Trabajo. Pero este grupo de 71 profesionales denuncia a La Vanguardia que la mayoría llevan meses esperando incorporarse a su posición, mientras siguen cobrando del Estado sin poder ejercer. Se trata de la última promoción que en diciembre del año pasado finalizó la formación para entrar en la policía laboral. Entre ellos, hay 45 personas que accedieron por el turno libre (abierto a cualquiera que cumpla los requisitos de la convocatoria), mientras que 26 lo hicieron por plazas de promoción interna.
Según explican, su situación podría seguir alargándose, ya que dependen de que se resuelvan otros concursos de traslado internos para que finalmente les asignen un destino. “En el mejor de los casos, nos dicen que se prevé que nuestra incorporación se dilate hasta diciembre de este año. Pero incluso podría llegar a ser en febrero de 2027”, lamenta uno de los afectados. En el caso de los 45 aspirantes que han ingresado al cuerpo mediante el turno libre, calculan que si continúan cobrando hasta entonces –ahora reciben la retribución básica, sin los complementos–, el erario público se habrá gastado más de un millón de euros “en pagar a funcionarios que no están trabajando sino en su casa”. La administración, estiman, está asumiendo un coste de 50.000 euros al mes para pagar sus nóminas desde septiembre.
Calculan que la administración está gastando 50.000 euros al mes en sus sueldos desde septiembre
Además, estos inspectores reclaman que, a diferencia de promociones anteriores, no podrán contar con un periodo de prácticas cuando se incorporen a su puesto de trabajo. “Está pasando mucho tiempo desde que terminamos la formación, cosa que supone una pérdida de conocimiento”, exponen los afectados. También alertan de que las incógnitas sobre su situación tienen efectos en su independencia económica y proyectos de futuro personales. “Una vez apruebas las oposiciones, esperas una cierta estabilidad, pero hay compañeros teniendo que hacer equilibrios porque no llegan con el sueldo que nos están pagando ahora”, insisten.
No es la primera vez que sucede algo parecido en una oposición al cuerpo de la Inspección de Trabajo. En 2021, 171 subinspectores ya denunciaron que llevaban un año cobrando sin trabajar tras aprobar sus exámenes y sacar la plaza. Durante ese tiempo, el ejecutivo español destinó más de 2 millones de euros a sus salarios. Entonces el ministerio de Trabajo atribuyó estos retrasos a la situación excepcional de pandemia. El departamento que lidera Yolanda Díaz (de Sumar) se escuda ahora en que los trámites para contratar funcionarios dependen del ministerio de Transformación Digital y Función Pública (en manos del PSOE), aunque otras fuentes aseguran que es Trabajo quien debe comunicar el reparto final de plazas para asignar destino a los afectados por este enredo.
El portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Prieto, critica la “falta de previsión” en este caso de gestión de recursos humanos “claramente mejorable”. “Es injusto”, denuncia, e insiste en que se podrían haber adjudicado a estos afectados las plazas que ya se espera que queden vacías. En la misma línea, recuerda que la Inspección de Trabajo está ahora en su máximo histórico de efectivos, pero la carga laboral también ha subido y urgen nuevas incorporaciones.
