La patronal de las constructoras vuelve a alertar al Gobierno español sobre las consecuencias de la escala de costes en el sector. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha enviado otra carta al ejecutivo para trasladarle su “máxima preocupación” por la inflación, después de que el Banco de España revisara al alza sus previsiones para el coste de la vida.
Ante el nuevo paquete anticrisis que el Gobierno central prevé aprobar una vez decaigan las medidas vigentes el próximo 30 de junio, la CNC ha pedido modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para que los contratos públicos puedan actualizar automáticamente sus precios cuando suban los costes. Según la organización, esto ayudaría a que las obras sigan siendo rentables y evitaría que se retrasen, se paralicen o incluso se lleguen a abandonar, tanto en el sector público como en el privado.
La patronal advierte que la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio “ha afectado ya al 90% de las constructoras españolas”. La entidad asegura que el 56% de las compañías reconoce haber ralentizado su actividad, mientras que el 22% avisa de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada de costes se prolonga en el tiempo. “Por ello y a la vista de su vulnerabilidad frente a las tensiones inflacionistas, la patronal no entendería que la construcción volviera a quedar excluida del próximo plan anticrisis”, insisten.
El 22% de las constructoras españolas avisa de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada de costes se prolonga
Por ejemplo, la CNC defiende que los sobrecostes en muchas de las obras necesarias para el mantenimiento de las carreteras ya alcanzan el 15% en 2026, mientras que en la rehabilitación de estas infraestructuras se han disparado al 30%. “Precisamente estas actuaciones, por su corta duración, no tienen revisión de precios, lo que implica un elevado riesgo de ruptura del equilibrio económico de las obras adjudicadas con precios anteriores a febrero de 2026”, remarca la patronal. En su opinión, esta cuestión es “especialmente delicada” para las operaciones veraniegas de reparación de carreteras.
Los constructores lamentan que su sector esté entre los más expuestos al incremento de costes y argumentan que merecen “una atención específica en el diseño de las futuras iniciativas de apoyo económico”. En marzo, con el primer estallido del conflicto, la patronal advirtió de que cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado -incluidos los energéticos y de mano de obra- “se producen o licitaciones desiertas o retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones”.
En este sentido, la CNC ya pidió que, si la guerra se prolongaba y derivaba en un shock energético, se recuperara el mecanismo para revisar los precios de los contratos, ya que los costes energéticos representan en torno al 30% de su gasto total. “Esta medida resulta esencial para garantizar la viabilidad del sector, proteger el empleo y asegurar las obras en viviendas e infraestructuras que España necesita en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción, que no deben repercutir solamente en una parte del contrato”, reivindican las constructoras españolas.
