La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha criticado la opacidad en el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos que el Gobierno quiere introducir en la administración tributaria. Esta asociación ha anunciado este miércoles que ha enviado a todos los grupos del Congreso un documento con una propuesta de enmiendas al proyecto de la Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Un proyecto que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 26 de mayo y que está en trámitación en el Congreso de los Diputados.
La asociación considera “inadmisible” que, dentro de una ley orgánica que está llamada a velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, se introduzca a última hora una enmienda que “sortea” los dictámenes de órganos consultivos, en referencia a la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Los portavoces de Aedaf reprochan que, mientras el proyecto impone un exhaustivo régimen de cumplimiento y sanciones al sector privado, “consagra simultáneamente un régimen de opacidad, inmunidad y excepcionalidad injustificada para la Administración Pública y, de forma muy particular, para la Administración Tributaria”.
Fuentes de Hacienda recuerdan el carácter reservado del Plan de Control Tributario
Los planes del Ejecutivo pasarían por modificar el artículo 116 de la Ley General Tributaria 58/2003, dejándolo en que “tendrán igualmente carácter reservado los planes parciales de control o inspección, los medios informáticos de tratamiento de información (…) en la medida en que su conocimiento pueda comprometer la eficacia de las actuaciones de aplicación de los tributos o facilitar su elusión”.
En cambio, los asesores fiscales plantean un redactado mucho más restrictivo en el que se indique que el carácter reservado se limite exclusivamente a “cuando la Administración Tributaria motive que su conocimiento frustra la prevención y control del fraude a través de informe motivado, individualizado, público y sujeto a control”.
No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que la Ley General Tributaria ya reconoce el carácter reservado del Plan de Control Tributario y la publicidad de sus directrices. Y añaden que el proyecto de Ley Orgánica para adaptar la normativa española al reglamento europeo simplemente recuerda ese carácter reservado.
Por otro lado, la asociación de asesores fiscales también señala que bajo el pretexto de la prevención del fraude y la eficacia del sistema, el Gobierno pretendería instituir un blindaje cuasi absoluto de las administraciones tributarias, lo que, según los asesores, podría expulsar de facto a jueces y tribunales de su potestad de control y abocar al ciudadano a la más absoluta indefensión material, según sus palabras.
Esta asociación aplaude que la norma busca un marco que promueva la adopción de una IA fiable, ética y centrada en el ser humano y vele por sus derechos fundamentales, como demandan las autoridades europeas, aunque rechaza que el impulso de “una falsa apariencia de transparencia, que choca frontalmente con los objetivos de gobernanza de ese reglamento”.
La asociación de asesores fiscales alerta de que podrían verse comprometidos el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad y a la protección de datos, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo.
Aedaf critica “una falsa apariencia de transparencia” en el texto normativo
No obstante, Aedaf afirma en su documento estar plenamente de acuerdo con la necesidad de “abrazar la modernización tecnológica y la indudable utilidad” de los medios informáticos de tratamiento de información en la mejora de la eficiencia administrativa y la lucha contra el fraude fiscal.
El pasado mayo, el Gobierno informó de que el Consejo de Ministros había aprobado el anteproyecto de ley Orgánica, con la que adapta la legislación española al reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA), en vigor desde agosto de 2024, y que regula las normas que deben respetar las herramientas de IA en España y que contempla multas que pueden llegar a los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual del sancionado.
El ministro de Transformación digital, Óscar López, señaló entonces que “es muy de agradecer una visión como la del Papa, que defiende una visión humanista de la inteligencia artificial, una visión que proteja los derechos y especialmente los derechos humanos y que sea incompatible con los valores que hemos desarrollado como sociedad”, al tiempo que aplaudía que España sea el país líder en regulación de la IA.
