Los sindicatos plantean una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 7% para el próximo año, lo que llevaría el montante bruto a los 1.306 euros por mes por catorce pagos. Supone 85 euros más que la cantidad actual. Si este año, el salario mínimo aumentó un 3,1%, la propuesta de UGT y CC.OO. es de más que duplicar este porcentaje para el 2027, por la espiral inflacionista que se está registrando, y que no tiene indicios de moderarse a corto plazo.
Este es el planteamiento que esta mañana han formulado los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC.OO., Unai Sordo, en la presentación de la convocatoria de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. De esta manera, los sindicatos incorporan dos reivindicaciones salariales precisas a una huelga que tiene como centro de gravedad el problema de la vivienda, la subida del SMI y también la de los salarios del conjunto de los trabajadores. La más novedosa es la del 7% del SMI que los dos secretarios generales señalan que han decidido esta misma mañana, y por lo tanto, que han comunicado antes a la opinión pública que al Ministerio de Trabajo o la patronal.
Se han inclinado por la cifra del 7% al cifrar en un 2% el desfase en el poder adquisitivo provocado por la elevada inflación, a lo que añaden un 5% adicional para asegurar que en el 2027 el SMI se acerque al 60% del salario medio, que es uno de los objetivos centrales para establecer su nivel.
En el terreno salarial, han recordado su propuesta de un incremento de entre el 4% y el 7% que formularon para la negociación del nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), a la que, por el momento, la patronal no ha contestado. Lo cierto es que la CEOE no tiene ninguna intención de abrir las negociaciones sobre este marco de los convenios y cuando se abra, sus reivindicaciones se centrarán en las bajas laborales antes que en los aumentos de los salarios.
Con respecto al SMI, el comité de expertos tiene que presentar su propuesta a fin de mes, para poder iniciar las negociaciones en la mesa de diálogo social. La intención del Gobierno es acelerar el proceso y aprobar la subida antes de las elecciones. A partir de hoy, ya tiene sobre la mesa la petición de los sindicatos.
Los sindicatos insisten en la plena legalidad de esta huelga, aunque han reconocido su carácter “heterodoxo”, tanto por el momento, justo antes de unas elecciones, como por el motivo central, la vivienda, que no es tema laboral. Sin embargo, defienden que toca adaptarse a la sociedad del 2026. “En el momento en que haces un movimiento audaz para interpretar nuevas realidades, se te echa en cara que no actúes como en los años 80”, ha manifestado Unai Sordo. Tanto él como Pepe Álvarez han reclamado una política distinta para la vivienda.
”Hay un detonante que se llama Maricarmen”, ha dicho Pepe Álvarez para situar la “chispa” que ha provocado primero la movilización y luego la huelga del 11-N. Es uno de los elementos que han argumentado los dos sindicalistas para justificar el momento en que se convoca la huelga. Es decir, una situación grave de la vivienda que se arrastraba desde hace tiempo, pero que ahora ha tenido un elemento que ha servido de catalizador. Por tanto, la sitúan como una protesta con la vivienda como elemento central, pero también con reivindicaciones salariales, como son las de los aumentos del SMI y de los salarios.
Recuerdan también que ya tenían en estudio un programa de movilizaciones para este otoño, que ahora se ha reconvertido con la reivindicación de una vivienda asequible. “En esta huelga tenemos un espacio propio y otro que compartimos con otras organizaciones”, ha dicho Unai Sordo, en referencia al Sindicato de Inquilinas, que es la organización que más ha liderado la protesta por la vivienda.
Por otro lado, los sindicatos han recordado dos de las promesas incumplidas del Gobierno que hasta el momento no ha cumplido. La más flagrante, la prohibición de absorber los pluses con la subida del SMI, a lo que se comprometió el Ministerio de Trabajo y que sigue pendiente. La segunda son las promesas de Yolanda Díaz de poner en marcha un nuevo registro horario. Aquí, la oposición del Ministerio de Economía lo ha frenado hasta el momento.
