La Comunidad de Madrid eleva a 12.367 millones de euros la deuda consolidada del Gobierno central con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos, una cantidad que supone el 40% del total del presupuesto autonómico para 2026.
Así lo avanzó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en un encuentro informativo donde actualizó los datos de octubre, cuando se cifraba entonces en 10.500 millones y que ahora han sumado otros 1.867 millones extra. “El impago del Gobierno central representa cerca del presupuesto íntegro madrileño destinado para su sanidad pública en todo este año”, denunció Albert.
“Quiebra de lealtad institucional”
A juicio de la consejera, se trata de una “quiebra de la lealtad institucional”, agravada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, con los tres últimos años sin haber presentado siquiera el proyecto, en una “anomalía democrática sin precedentes”, subrayó. La consejera denunció que con la excusa de la falta de presupuestos el Gobierno central no actualiza las entregas a cuenta, que suponen el 77% de los ingresos autonómicos.
Así, este año, la Comunidad de Madrid está percibiendo una cantidad inferior a la que le corresponde, con 129 millones menos al mes entre enero y marzo y 376 millones a partir de abril. La consejera señaló que la merma acumulada supera los 750 millones, a los que se añaden otros 4,7 entre intereses pagados por esa financiación de emergencia y la rentabilidad perdida.
Albert comentó que, de los 12.367 millones que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concentra 6.276. De ellos, 4.513 corresponden al tope al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023; 765 al retraso en las entregas a cuenta de 2026, y 993 a la infrafinanciación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Por su parte, Asuntos Sociales acumula 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la Ley de Dependencia, que obliga al Estado a financiar el 50% del sistema y solo cubre el 27,9%; Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur. Y la deuda se completa con 417 millones del Consorcio Regional de Transportes, 149 en Sanidad, 61 en Justicia y 10 en Educación.
Carta al ministro de Hacienda
Además, Albert informado sobre la carta enviada al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que el Ejecutivo madrileño reclama la aprobación de un Real Decreto Ley “urgente y específico, no mezclado con desahucios, vivienda, fiscalidad y un largo etcétera”, “que actualice las entregas a cuenta” a las comunidades autónomas.
Para la consejera, el método se repite con cada norma aprobada por el Gobierno central, que consiste en decisiones aprobadas en Consejo de Ministros, llevadas a las conferencias sectoriales para informar -no para negociar-, y que en la inmensa mayoría de los casos no incluyen memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas. En definitiva, “un yo decido, tú pagas”, denunció.
El ejemplo más reciente es, en su opinión, el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que rebaja temporalmente -hasta el 30 de junio- el IVA de la electricidad y los carburantes, y los impuestos especiales sobre electricidad e hidrocarburos, todos ellos cedidos total o parcialmente a las comunidades autónomas. En este caso, como detalló, el impacto en Madrid asciende a 206 millones de euros.
Asimismo, Albert alertó de que el Gobierno está tramitando otras medidas “con elevado impacto presupuestario” para las comunidades autónomas sin acompañar memoria económica ni cuantificar su coste. “Es el caso de la rebaja de la jornada a 35 horas en la Administración o la imposición del calendario de reducción de horas lectivas en los centros escolares y ratios para los docentes”, aseveró.
Indicó que la subida retributiva pactada por el Ejecutivo central para los empleados públicos, sin participación de las comunidades autónomas, supone 888 millones para la Comunidad de Madrid en 2025 y 2026, elevándose a cerca de 2.000 millones hasta 2028.
