En términos similares al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, el Gobierno de Navarra trabaja en la compra de viviendas a fondos de inversión para garantizar su protección pública. En concreto, el Ejecutivo foral destinará 104 millones de euros a recuperar unas 600 viviendas que fueron construidas con financiación pública, pero que perdieron su calificación como pisos protegidos y terminaron en manos de fondos de inversión.
La operación, todavía en fase de negociación, presenta numerosas similitudes con el acuerdo anunciado esta semana por el Gobierno vasco para adquirir 510 viviendas protegidas de San Sebastián por 100 millones de euros y evitar que pasen al mercado libre.
El Ejecutivo foral prevé consignar 104 millones de euros para esta operación en 2027
La iniciativa navarra ha sido impulsada por el Departamento de Vivienda y busca dar una solución a cientos de familias que viven de alquiler en inmuebles que en su día contaron con protección pública. El Ejecutivo foral prevé consignar 104 millones de euros para esta operación en 2027, de los que 22 millones procederán de los presupuestos autonómicos y otros 82 millones del plan de inversiones aprobado recientemente.
El Gobierno de María Chivite lleva meses negociando con diferentes fondos de inversión, entre ellos Testa Residencial, sociedad vinculada al gigante estadounidense Blackstone, y Catella. Las conversaciones se centran en el precio de adquisición de los inmuebles, después de que las viviendas perdiesen su protección y quedasen expuestas a las condiciones del mercado libre.
Chivite señala que el beneficio que estos fondos pueden sacar de esos alquileres es pequeño por ser zona tensionada
La presidenta navarra, María Chivite, ya había anunciado a comienzos de octubre su intención de recuperar estas viviendas, aunque advirtió de que la operación debía cerrarse en unas condiciones económicas razonables.
“Este Gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante, pero también digo que tendrá que ser una negociación justa, porque lo que no estamos dispuestos es a seguir engordando los bolsillos de los especuladores”, señaló entonces en el Parlamento foral.
En las últimas horas, Chivite ha vuelto a referirse a esta cuestión en una entrevista en TVE, donde ha confirmado que las conversaciones continúan abiertas. “Estamos negociando con dos fondos de inversión para que estas viviendas, algo menos de 700, vuelvan a ser públicas, como ya lo fueron”, ha señalado.
La presidenta ha explicado que la operación persigue dos objetivos: “Incrementar el parque público de vivienda y proteger a las familias que viven en viviendas propiedad de estos fondos”. Su intención es alcanzar un acuerdo antes de que finalice el año.
“Estamos arrinconando a los especuladores”, ha indicado Chivite
Chivite ha vinculado, además, la disposición de los fondos a negociar con las restricciones sobre los precios del alquiler que se han introducido en Navarra tras la declaración de zonas tensionadas. Según su interpretación, estas limitaciones han reducido el atractivo económico de mantener las viviendas en alquiler. “El beneficio que estos fondos pueden sacar de esos alquileres es muy pequeño. Ya no les interesa mantener esos alquileres”, ha asegurado.
La presidenta navarra ha defendido esta política como una forma de combatir la especulación inmobiliaria. “Lo que estamos haciendo es arrinconar a los especuladores porque queremos proteger a los ciudadanos y a los pequeños propietarios”, ha afirmado.
La situación que intenta abordar el Gobierno de Navarra ha generado una evidente preocupación entre los inquilinos. Testa ha comenzado a comunicar a residentes de unas 500 viviendas situadas en diferentes barrios de Pamplona y su entorno que no renovará sus contratos de alquiler cuando lleguen a su vencimiento. Los primeros finalizarán en 2027, aunque buena parte lo harán entre 2028 y 2029.
La operación guarda similitudes con la anunciada en San Sebastián, donde el Gobierno vasco ha alcanzado un principio de acuerdo con Blackstone para adquirir por 100 millones de euros los derechos de superficie de 510 viviendas protegidas del barrio de Benta Berri.
Ambas iniciativas ponen sobre la mesa una fórmula de intervención pública que consiste en recuperar viviendas promovidas originalmente con algún tipo de protección y que, por las condiciones establecidas en su momento, podían terminar incorporándose al mercado libre. Tanto Euskadi como Navarra establecieron hace años mecanismos para garantizar el carácter permanente de la protección en las nuevas promociones, pero afrontan ahora el problema de los inmuebles construidos bajo normativas anteriores.
