La socialdemocracia europea tiene un problema. Y no es menor. La inmigración se ha convertido en uno de esos asuntos que obligan a elegir entre lo que uno piensa que debe hacer y lo que una parte creciente de la sociedad reclama que haga. Suecia es un buen ejemplo. Los socialdemócratas han asumido que la política migratoria debe ser más restrictiva. También en Dinamarca, donde la socialdemocracia gobierna con un discurso especialmente duro sobre inmigración y defiende un mayor control de las fronteras y de las expulsiones.
No es difícil entender por qué. La derecha y, sobre todo, la extrema derecha han convertido la inmigración en uno de sus principales argumentos. Y han conseguido que una parte de la opinión pública vea la llegada de inmigrantes no como un problema humanitario, sino como una amenaza para la seguridad, los servicios públicos o la propia identidad nacional. España no es ajena a esta dinámica. La crisis de Ceuta ha vuelto a colocar la inmigración en el centro del debate político. Más de 80.000 personas entraron en la ciudad autónoma a finales de julio, en una crisis que dejó decenas de muertos y puso a prueba la capacidad de respuesta de España y de la Unión Europea.
La socialdemocracia sufre el dilema entre inmigración y la presión de las derechas
El PSOE sostiene que hay que proteger las fronteras sin renunciar a la humanidad. Es una posición razonable, pero el problema es cómo se concreta cuando la presión migratoria desborda una ciudad que, de facto, se encuentra en estado de sitio; cuando los servicios de acogida no dan más de sí y cuando PP y Vox reclaman respuestas cada vez más contundentes. Ahí está el dilema de la socialdemocracia. No puede asumir el discurso de la extrema derecha. Pero tampoco puede ignorar una preocupación social que existe, ni refugiarse en una política migratoria basada únicamente en buenos principios. Porque gobernar también significa gestionar los problemas.
La fórmula no parece sencilla. Controlar las fronteras, ordenar los flujos migratorios, combatir a las mafias, reforzar servicios públicos básicos, como educación o sanidad, ofrecer más vivienda asequible en aquellas áreas en las que sigue aumentado la población y garantizar la integración, pero sin convertir al inmigrante en el culpable de todos nuestros males. Y hacerlo, además, desde una política europea que hoy sigue siendo demasiado débil. Este es el gran desafío de los próximos años para la socialdemocracia europea. Demostrar que se puede defender el control de los flujos de inmigrantes sin renunciar a los derechos humanos. Que Europa puede hacerlo sin dejar que sean otros quienes escriban su política migratoria, como pide Donald Trump. Construir un discurso alternativo a la idea de sociedad cerrada y homogénea de nación y explicar que nuestro modelo de Estado de bienestar en buena parte dependerá del éxito de políticas migratorias distintas a las que sugieren conservadores y etnonacionalistas serán clave en el futuro de la socialdemocracia.
