La urgencia por cumplir con los estándares financieros globales ha pasado por encima del interés por la adopción de bitcoin (BTC) y criptomonedas en Centroamérica y el Caribe.
Los gobiernos de Guatemala, Costa Rica y República Dominicana avanzan en la aprobación de marcos regulatorios para el ecosistema de los activos digitales. Sin embargo, el objetivo primordial de estas legislaciones, fuertemente alineadas con las directrices internacionales, es el control financiero y la prevención del lavado de dinero, priorizando la vigilancia estatal por sobre el desarrollo de las fortalezas nativas que ofrece la tecnología de Bitcoin.
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Esta carrera legislativa responde directamente a la presión y a las evaluaciones inminentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su brazo regional, el Gafilat. Las autoridades de estos países buscan cerrar el vacío normativo en torno a las empresas que operan con monedas digitales debido al temor a recibir calificaciones negativas por parte del organismo.
Y es que, en la práctica, una evaluación desfavorable por deficiencias regulatorias representa el riesgo de caer en la temida «lista gris» del GAFI, lo que podría traducirse en el encarecimiento de los créditos internacionales y la pérdida de confianza en los mercados globales.
En general, las repercusiones de una mala calificación internacional conllevan una amenaza de asfixia económica para las naciones de la región. El endurecimiento de los controles externos suele provocar la caída de la inversión extranjera directa, trabas en el flujo de remesas familiares y la pérdida de relaciones con bancos corresponsales extranjeros.
Por esta razón, los legisladores de los tres países han priorizado los aspectos de supervisión y fiscalización para asegurar la conexión de sus sistemas financieros tradicionales con las principales potencias económicas del mundo.
Las nuevas normativas aprobadas o en discusión catalogan formalmente a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), como plataformas de intercambio, firmas de custodia e intermediarios, como sujetos obligados. Esto los somete a la supervisión directa del Estado y los obliga a reportar todas sus operaciones ante las unidades de inteligencia financiera de cada país.
Veamos cómo está la situación actual:
El Decreto 15-2026 y la fiscalización en Guatemala
En Guatemala, el Congreso de la República aprobó esta semana, con 147 votos a favor de un total de 160 diputados, el Decreto 15-2026, correspondiente a la Iniciativa 6593, tal como reportó CriptoNoticias.
Esta normativa constituye una ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. El nuevo texto legal actualiza un marco jurídico que tenía 25 años de vigencia y, por primera vez en la historia del país centroamericano, incluye de forma explícita al sector de las monedas digitales bajo la supervisión directa de las instituciones del Estado.
La legislación establece que las plataformas de intercambio, empresas de custodia y proveedores de servicios de activos virtuales pasarán a ser considerados sujetos obligados ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), independientemente de si sus operaciones se gestionan de manera local o internacional.
Las autoridades guatemaltecas justificaron la urgencia de esta medida señalando que las deficiencias normativas previas mantenían al país en una posición de vulnerabilidad ante los análisis técnicos internacionales, afectando potencialmente las relaciones de corresponsalía bancaria y encareciendo el financiamiento externo.
El sistema nacional guatemalteco se prepara ahora para una evaluación presencial que ejecutarán los especialistas del Gafilat en febrero de 2027, según informó el Congreso de ese país.
Para coordinar este proceso, se contempla la realización de entrevistas directas con instituciones públicas y privadas, con el fin de medir la efectividad real de todo el sistema de prevención.
En ese orden, el marco jurídico recién aprobado introduce también capítulos estrictos sobre el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, permitiendo la limitación preventiva de fondos y expandiendo las capacidades de cooperación internacional de la IVE.
La reforma a la Ley 7786 en Costa Rica
Por su parte, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó por unanimidad, en segundo debate, una reforma sustancial a la Ley 7786. El proyecto de ley, tramitado bajo el expediente 25.340, establece obligaciones concretas para los proveedores de servicios de activos virtuales en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Esta iniciativa, como la guatemalteca, surge como respuesta directa a las observaciones formuladas por el GAFI en 2024, organismo que había señalado la necesidad de corregir el vacío regulatorio existente en torno a las empresas dedicadas al intercambio de activos digitales.
Las autoridades costarricenses aceleraron el trámite legislativo ante la advertencia de que la inacción podría derivar en la inclusión del país en la lista gris del organismo internacional. No es menor, pues una calificación negativa de este tipo habría encarecido los préstamos internacionales y generado desconfianza generalizada dentro del sistema bancario costarricense.
Por tanto, la reforma busca garantizar que las firmas del sector operen bajo las mismas reglas de cumplimiento que las entidades bancarias tradicionales.
Para asegurar la correcta implementación de las nuevas directrices, una delegación de alto nivel del Gafilat realizó visitas oficiales al territorio costarricense a inicios de marzo de 2026. Estos encuentros tuvieron como propósito formalizar el proceso de evaluación mutua y reforzar el compromiso de las máximas autoridades nacionales.
Adicionalmente, el organismo regional coordinó capacitaciones técnicas intensivas en conjunto con especialistas del Reino de España, orientadas a fortalecer los conocimientos de las autoridades competentes respecto a la metodología de medición de efectividad del estándar internacional.
Propuesta de ley y proyección fiscal en República Dominicana
En la República Dominicana, el debate regulatorio se trasladó a la Cámara de Diputados tras el depósito formal del proyecto denominado Ley para la Prevención, Control y Regulación de las Criptomonedas.
La propuesta legislativa fue presentada formalmente en marzo de este año en la Secretaría General Legislativa por iniciativa del diputado Carlos de Pérez, reportó CriptoNoticias.
El proponente de la ley argumenta que la medida se fundamenta en un crecimiento estimado del 52% en el uso de criptomonedas en el mercado interno durante el último año, lo que exige una estructura de fiscalización clara.
A diferencia de los enfoques puramente preventivos, el proyecto de ley dominicano define explícitamente a bitcoin y otros activos digitales como bienes sujetos a tributación comercial ordinaria. Esto implica que los beneficios económicos generados por su intercambio, intermediación o venta deberán pagar impuestos de forma similar a los activos financieros del sistema tradicional.
El texto propuesto, sin embargo, guarda similitudes técnicas con los modelos de regulación implementados en otros países de la región latinoamericana, como México y Colombia. Este último punto ha conllevado al cuestionamiento por parte de la comunidad Bitcoin Dominicana, la cual se ha integrado en las discusiones para la formulación final del texto regulatorio.
En cuanto a los plazos institucionales, la República Dominicana cuenta con una ventana temporal más amplia en comparación con Guatemala y Costa Rica. El calendario definitivo para su evaluación mutua se sitúa en una fase posterior a 2027, estimándose de manera preliminar hacia el periodo 2028 o 2029.
Este desfase se debe a la transición del país desde el Grupo de Acción Financiera del Caribe hacia el bloque de Gafilat como miembro pleno. Actualmente, la Unidad de Análisis Financiero y los gremios bancarios locales aprovechan este margen para ejecutar simulacros de supervisión y talleres de preparación interna bajo la nueva metodología global de efectividad.
A pesar de que la evaluación mutua del GAFI no es tan inminente para el país quisqueyano, sí que ejerce presión y ha empujado, como en Guatemala y Costa Rica, a la ejecución de una regulación para el sector de las criptomonedas, tal como aseveró a CriptoNoticias el representante de Bitcoin Dominicana, Pedro Vital.
El motivo no es la innovación, es el temor
Los escenarios descritos denotan que la prioridad regional no es el fomento a la innovación financiera basada en bitcoin, sino el cumplimiento de una agenda técnica de control para salvaguardar la reputación bancaria. Efectivamente, esto no está naciendo del interés por actualizarse y sacar beneficio de los activos digitales, sino del miedo estatal a la exclusión económica.
Por lo anterior, los gobiernos se ven forzados a limitar la flexibilidad del entorno digital e imponer controles estrictos para preservar la reputación de sus sistemas bancarios tradicionales y garantizar su conexión con las potencias financieras internacionales.
Ello, aun cuando el ecosistema de criptomonedas ha demostrado ser una vía clara —y a veces expedita— para optimizar los procesos financieros y mejorar la vida de usuarios y empresas en Latinoamérica y el mundo.
