El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva con la que obliga al departamento de Salud a negociar precios más bajos para los medicamentos de las farmacéuticas y establece un plazo de 30 días para alcanzar un acuerdo. Si en ese tiempo no abaratan sus fármacos “voluntariamente”, la Casa Blanca intervendrá para ponerlos al nivel más bajo que se esté pagando en el mundo, una medida que excede su autoridad y probablemente enfrente desafíos legales.
El republicano quiere que los americanos cubiertos por los seguros de salud del Medicare y el Medicaid paguen el mismo precio que “los países más favorecidos”, entre los que cita a la Unión Europea, que considera que han estado “extorsionando” a las farmacéuticas. Es cierto que los estadounidenses pagan un precio más elevado que los europeos por sus medicamentos, pero eso se debe más a una red de seguridad social casi inexistente y al capitalismo desregulado de EE.UU. que a la supuesta extorsión europea.
Trump ha dicho que las farmacéuticas que no se presten a reducir los precios de sus medicamentos en EE.UU. van a ser investigadas. En caso de no lograrse un acuerdo en 30 días, la Casa Blanca aplicará una normativa que vinculará el precio de mercado en EE.UU. con el que estén pagando los ciudadanos del país en el que el medicamento en cuestión sea más barato. El objetivo de Trump es que estas empresas compensen sus pérdidas subiendo el coste en otros mercados, especialmente la UE, que ha asegurado que es “mucho peor que China” en la cuestión comercial.
Robert Kennedy, secretario de Salud de EE.UU.
“No tiene sentido que EE.UU. sea quien financie la innovación para el resto del mundo. Europa tiene que asumir su parte”
Acompañado por el secretario de Salud, Robert Kennedy, Trump ha enmarcado el anuncio como una cuestión de justicia, pues “las farmacéuticas cobran la mayoría de sus beneficios de Estados Unidos, y eso no es bueno”, y ha añadido que los americanos se ahorrarán “billones de dólares”. “Nuestro país finalmente recibirá un trato justo y los costes sanitarios de nuestros ciudadanos se reducirán en cantidades nunca antes imaginadas”, ha asegurado. A su lado, Kennedy ha descrito el decreto como “uno de los más importantes en décadas para la salud pública estadounidense”.
“No tiene sentido que EE.UU. sea quien financie la innovación para el resto del mundo”, ha añadido el secretario de Salud. “Eso no va a seguir ocurriendo. Europa tiene que asumir su parte y pagar más para contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos”. Kennedy ha asegurado que si los países de la UE pagaran un 20% más en medicinas, las farmacéuticas generarían “10 billones de dólares adicionales”.
Trump ha asegurado que ninguno de sus predecesores ha hecho lo suficiente por reducir los astronómicos precios de los medicamentos y ha llegado a afirmar que los demócratas bloquearon esa medida. Lo cierto es que fueron los demócratas quienes en el 2022 lograron aprobar en el Congreso la ley de Reducción de la Inflación, un paquete de medidas entre las que se incluía el traspaso de autoridad al Medicare (el seguro de salud para mayores de 65 años y discapacitados) para negociar directamente con las farmacéuticas las rebajas de precios de los medicamentos.
El paquete legislativo fue aprobado en ambas cámaras del Congreso pese al rechazo unánime de los republicanos, que lo tacharon de “comunista” y lo consideraron una intromisión en el libre mercado, además de su oposición a las medidas climáticas incluidas en el mismo paquete.
La medida fue uno de los éxitos más valorados del mandato de Joe Biden, que logró importantes acuerdos con las farmacéuticas, con el que redujo en más de un 60% el precio de una treintena de medicamentos. Por ejemplo, las mayores reducciones las logró para los diabéticos, que vieron una reducción del 79% en Januvia, para la diabetes tipo 2, o del 76% para los productos de insulina de Fiasp y NovoLog.
Pero, a la luz de unos sondeos que muestran la popularidad de la medida, ahora Trump quiere atribuirse el mérito. Y pretende que las farmacéuticas rebajen “voluntariamente” sus precios, mediante la amenaza de forzarlo si no lo hacen en un plazo de un mes. Sin embargo, en la orden, el presidente no menciona ninguna autoridad legal para dictar estas rebajas, por lo que en caso de cumplir con su amenaza es probable que se encuentre con el desafío de las farmacéuticas ante la justicia.
