Un informe alerta que el 20% de la capacidad mundial prevista de centros de datos sufrirá retrasos de conexión eléctrica

“El factor limitante determinante para la infraestructura de IA hoy en día no es el capital, ni siquiera la energía limpia; es la red eléctrica”, ha asegurado David Blázquez, responsable de Políticas Públicas de AWS Iberia durante la presentación del libro blanco The Infrastructure of the AI Era, presentado este jueves en Madrid por InfraXmedia y que sirve como presentación del congreso The AI Cities Summit que se celebrará en Zaragoza los días 3 y 4 de febrero de 2027.

Este informe recoge opiniones de los principales actores del sector de los centros de datos que alertan de que los objetivos marcados por Bruselas para el desarrollo de estas infraestructuras son de difícil consecución. “Mientras que la propuesta de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA) aspira a triplicar la capacidad de los centros de datos de la Unión Europea en un plazo de cinco a siete años, las proyecciones de BloombergNEF y el centro de estudios Ember apuntan a que el bloque comunitario apenas logrará duplicarla para 2030”, constata.

Ventajas de España, en riesgo

Zahl Limbuwala, director de operaciones de compañía de infraestructuras digitales DTCP pone números a la advertencia. “Menos del 20% de los proyectos de centros de datos anunciados en Europa podrán construirse en los próximos tres o cuatro años por falta de conexión a la red”, asegura.

En este contexto, España parte con ventajas frente a otros países de continente por la disponibilidad de suelo, su conectividad internacional y el peso de las energías renovables, que en 2025 representaron el 55,5 % de su generación eléctrica. Pero la regulación para el despliegue de centros de datos que el Gobierno pretende aprobar en los próximos días puede poner en riesgo este elemento diferenciador.

“En su redacción actual este real decreto no es una regulación es una prohibición”, ha asegurado Begoña Villacis, directora ejecutiva de la patronal del sector Spain DC, que ha participado en el debate posterior a la presentación del informe junto con Eva Valle, consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón; David Blázquez, responsable de políticas públicas para España y Portugal de AWS; y Manuel Abellán, director de asuntos gubernamentales de Data Centers de Microsoft para Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Estas empresas se enfrentan en España a algo más que la incertidumbre política de un real decreto que el Partido Popular ya ha prometido que derogará si llega a la Moncloa tras el 29 de noviembre. Blázquez y Abellán coinciden en que sea quien sea quien esté La Moncloa se necesita una “una escucha más activa con las empresas para no perder la oportunidad de situarse en la vanguardia de una industria disruptiva”.

Pero más allá de la regulación, plantean otros retos “Tenemos que esforzarnos en trasladar a la población que estas infraestructuras tienen impacto positivo para el empleo y el tejido económico de las poblaciones en las que se instalan”, ha explicado David Blázquez.

El directivo de AWS ha explicado que “la denostada fase inicial de estas infraestructuras se extiende entre 10 y 12 años. Un plazo en el que las compañías que participan con nosotros no solo crean empleo, adquieren también una habilitación que les permite trabajar en compañías como las nuestras en todo el planeta”.

El reto de convencer a la ciudadanía

En esta línea, Manuel Abellán ha explicado como Microsoft para construir los tres campus de centros de datos en Aragón —ubicados en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza- está contratando a empresas que trabajaron para la construcción del levantado por AWS, al tiempo que están apostando por que la mayor parte de la cadena de valor venga de proveedores locales.

“Si en 5 años la ciudadanía no siente que la llegada de Centros de Datos no le beneficia. Será una oportunidad perdida. Por eso tenemos que esforzarnos en explicar con claridad a la población estos beneficios”, plantea Abella.

Ante este escenario, el libro blanco o plantea diez recomendaciones de política pública para el periodo 2027-2030, que pasan por mejorar la coordinación administrativa, anticipar las necesidades energéticas y de infraestructura y establecer marcos regulatorios estables que favorezcan la inversión sostenible.

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