La Corte Internacional de Justicia decide este jueves si Birmania cometió genocidio contra los rohinyás

Casi 10 años después de las “operaciones de limpieza” que llevó a cabo Birmania contra la población rohinyá —en las que asesinó al menos a 10.000 personas, una estimación muy conservadora, según la ONU, y provocó el desplazamiento forzoso de más de 700.000 miembros de esta minoría musulmana—, llega una decisión histórica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El máximo tribunal de las Naciones Unidas dictaminará este jueves si la campaña militar birmana constituyó un genocidio contra los rohinyás, un fallo que puede repercutir en otros procesos sobre genocidio pendientes en la CIJ, como la demanda de Sudáfrica contra Israel por Gaza. 

De ser declarado culpable, Birmania sería el primer Estado (en vez de un individuo, ya que la CIJ solo puede juzgar a Estados) al que se le exigiría rendir cuentas por violar la Convención sobre Genocidio de 1948 .

Gambia presentó el caso de los rohinyás en el 2019, argumentando que Birmania tiene responsabilidad estatal por genocidio, después de que la ofensiva militar del 2017 obligara a al menos a 730.000 musulmanes rohinyás a huir de este país hacia la vecina Bangladés, donde cientos de miles continúan viviendo en campos de refugiados. Desde entonces, otros once países han manifestado formalmente su apoyo al caso.

Para los rohinyás, la sentencia podría significar un rayo de esperanza de que el mundo dé un paso hacia la rendición de cuentas. Los refugiados han relatado asesinatos, violaciones masivas y la quema de unas 400 aldeas durante la campaña de las fuerzas de seguridad birmanas en su tierra natal, en el estado de Rakáin, en el norte del país. Una misión de investigación de la ONU definió las operaciones como “actos genocidas”. 

Una misión de investigación de la ONU definió las operaciones como “actos genocidas”

“Los militares se llevaron a mi marido y a otros hombres de la aldea. Lo vimos con nuestros propios ojos”, relata a la agencia Reuters Hasina Khatun, de 34 años, quien perdió a su esposo y a su hermano en la masacre de Inn Din, una de las varias matanzas ocurridas en Rakáin, donde durante décadas los musulmanes rohinyá han sufrido persecuciones por parte de la mayoría budista, que les acusa de ser un grupo de intrusos procedente de Bangladesh. “Mi marido ya no estaba, mis hijos lloraban de hambre y yo estaba embarazada”, contaba otra refugiada a la misma agencia. “No había nadie que me ayudara. De alguna manera sobrevivimos y logramos llegar a Bangladesh”, donde ahora viven en un refugio de tres por cuatro metros, construido con bambú y láminas de plástico.

Según una encuesta retrospectiva sobre mortalidad realizada por Médicos Sin Fronteras (MSF) en los campos de refugiados en Bangladesh, al menos 9.000 rohinyás habían muerto en el estado de Rakáin, entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre. Al menos 71,7% de las muertes notificadas se habían producido como consecuencia de la violencia, entre ellas, al menos 730 niños y niñas menores de 5 años. “La violencia sexual fue un aspecto integral de la brutal campaña del ejército de Birmania”, recalca Human Rights Watch. 

Musulmanes rohinyás cargan a sus hijos pequeños y sus pertenencias tras cruzar la frontera desde Birmania hacia Bangladesh, el 1 de noviembre de 2017
Musulmanes rohinyás cargan a sus hijos pequeños y sus pertenencias tras cruzar la frontera desde Birmania hacia Bangladesh, el 1 de noviembre de 2017Bernat Armangue / Ap-LaPresse

Birmania, por su parte, niega el genocidio y afirma que sus fuerzas estaban llevando a cabo una operación legítima de contrainsurgencia.

El genocidio rara vez se ha determinado en los tribunales internacionales. Los fiscales deben demostrar la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

El caso de Birmania guarda similitudes con el procedimiento contra Israel, particularmente en lo que respecta a los argumentos de que las operaciones militares fueron respuestas legítimas a ataques de grupos armados, según señala Melanie O’Brien, profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental, a Reuters. Además, los juristas estarán atentos al peso que el panel de jueces de la ONU otorgue a las investigaciones de las Naciones Unidas, que hallaron una intención genocida tanto en Gaza como en Birmania. 

Ante un fallo favorable al genocidio y sus posibles implicaciones contra Israel, la Fundación para la Defensa de las Democracias, un influyente grupo de expertos cercano a la Casa Blanca, cree que Estados Unidos podría imponer sanciones contra los jueces de la CIJ. La Administración de Donald Trump ya ha recurrido a esta medida en su campaña contra los magistrados de la Corte Penal Internacional. 

El gobierno de Trump sugirió que existe una conspiración en la CIJ para rebajar el umbral necesario para demostrar la intención genocida

Matthew Smith

Director ejecutivo de Fortify Rights

“El gobierno de Trump sugirió que existe una conspiración en la CIJ para rebajar el umbral necesario para demostrar la intención genocida, con el fin de responsabilizar a Israel por un genocidio en Gaza”, recuerda en la red social X Matthew Smith, director ejecutivo de Fortify Rights, una organización sin fines de lucro que ha documentado la situación de los rohinyá durante casi 15 años. “Se trata de una acusación descabellada, carente de pruebas. Es puro ruido”, descarta.

A pesar de que en enero del 2020, el alto tribunal de La Haya ordenó a Birmania prevenir “todos los actos genocidas contra los rohinyás”, tanto MSF como Human Rights Watch (HRW) advierten de que la violencia contra esta minoría no se ha detenido. “La situación de la esta minoría sigue deteriorándose tanto bajo la junta militar como por los abusos cometidos por otros actores armados en el estado de Rakáin”, apunta MSF.  

“Un fallo favorable de la CIJ no será una solución mágica, pero bien podría abrir nuevas vías hacia la rendición de cuentas y la reparación. El mundo no debe abandonar a los rohinyás de nuevo”, sentencia Smith. 

Gina Tosas de Molina

Periodista y humanista, licenciada por la UPF. Redactora de La Vanguardia desde el 2015, donde cubre la actualidad de Internacional. También ha trabajado en Breaking News y Tecnología, y colaborado con el ‘Magazine’ y el ‘ES’

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