El Tribunal Constitucional de Polonia retira la inmunidad a su propio presidente

Los jueces del Tribunal Constitucional de Polonia han decidido retirar la inmunidad al hombre que, según los diputados de la oposición, es el legítimo presidente del tribunal, abriendo así la puerta a su posible procesamiento por cargos que incluyen la extralimitación de sus funciones. La decisión supone una nueva escalada en el prolongado conflicto sobre la composición del tribunal, que enfrenta al Gobierno europeísta del primer ministro Donald Tusk con la oposición nacionalista y su aliado, el presidente Karol Nawrocki.

En octubre, el Tribunal Constitucional anunció que su magistrada más veterana, Anna Korwin-Piotrowska, había suspendido a Bogdan Swieczkowski, presidente del tribunal y nombrado durante el mandato del predecesor nacionalista de Tusk, y que había asumido la dirección del órgano judicial.

La Fiscalía había solicitado el levantamiento de la inmunidad de Swieczkowski para poder procesarlo por uso no autorizado de material confidencial

Swieczkowski y sus partidarios sostienen que Korwin-Piotrowska carecía de autoridad para adoptar esa decisión y acusan a Tusk de promover un golpe de Estado. Desde entonces, varios manifestantes permanecen acampados frente al tribunal, mientras la policía custodia el edificio. “El Tribunal Constitucional ha decidido. La Fiscalía ya puede presentar cargos. Nadie está por encima de la ley”, afirmó en X el ministro de Justicia polaco, Waldemar Zurek, al celebrar la decisión de los magistrados, adoptada el martes y hecha pública el miércoles.

Por su parte, Przemyslaw Czarnek, vicepresidente del partido nacionalista opositor Ley y Justicia (PiS), calificó de ilegal la decisión de los jueces. El Banco Nacional de Polonia anunció el lunes la congelación de las cuentas del Tribunal Constitucional al no poder determinar quién estaba legalmente autorizado para ordenar transferencias desde ellas.

La Fiscalía había solicitado el levantamiento de la inmunidad de Swieczkowski para poder procesarlo por el presunto uso no autorizado de material procedente de labores de vigilancia e información clasificada durante su etapa como fiscal nacional, entre 2016 y 2022. Los fiscales también acusan a Swieczkowski y a su antiguo adjunto, Bartlomiej Sochanski, de extralimitarse en sus atribuciones dentro del Tribunal Constitucional al impedir que magistrados nombrados por el Parlamento ejercieran sus funciones.

Pese a aprobar la retirada de la inmunidad de Swieczkowski, los jueces no autorizaron su detención. El conflicto más amplio sobre el Tribunal Constitucional se remonta a 2015, cuando el entonces Gobierno del PiS intentó nombrar magistrados para ocupar plazas que ya habían sido cubiertas por el Ejecutivo anterior.

El PiS argumentó que el Gobierno centrista saliente se había apresurado a cubrir las vacantes con candidatos de su preferencia antes de perder el poder y que carecía de legitimidad para hacerlo. Los magistrados designados por el PiS acabaron obteniendo la mayoría en el Tribunal Constitucional, mientras que sus críticos, tanto dentro como fuera de Polonia, denunciaron que el órgano había dejado de cumplir los estándares exigibles a un tribunal independiente e imparcial establecido conforme a la ley.

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