Baleares lleva al Constitucional el decreto ley que establece el reparto de los menores migrantes de Canarias entre las demás comunidades autónomas. El Consell de Govern ha autorizado a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma que presente un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma aprobada esta misma semana en el Congreso. Baleares tiene en estos momentos más de 500 menores en acogida procedentes de pateras que llegan casi a diario a las islas.
El Govern de Marga Prohens entiende que la norma impone los criterios para redistribuir entre las comunidades autónomas a los menores extranjeros no acompañados, lo que supone recortar las competencias autonómica. “Contraviene los principios constitucionales de cooperación, coordinación y lealtad institucional, así como la realización efectiva del principio de solidaridad insertado en el artículo 138 de la Constitución”, ha asegurado el vicepresident balear, Antoni Costa, Baleares censura la imposición de un “reparto unilateral” de menores extranjeros no acompañados sin el previo consenso a la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia.
Baleares tiene en estos momentos unos 500 menores en centros de acogida
Baleares también censura que el Estado no se haga cargo de los gastos correspondientes dado que la cobertura del Fondo a que se refiere la norma es limitada, y la compensación por los gastos está supeditada a la “sobreocupación” de los sistemas de protección autonómica. El criterio está condicionado a que se acredite un número de plazas de acogida por encima de la media del total de las plazas existentes al conjunto del Estado por cada 100.000 habitantes “afectando así al principio de suficiencia financiera autonómica”.
El Govern balear ve cuestionable la utilización de la figura del decreto ley. Recuerda que el artículo 86.1 de la Constitución exige extraordinaria y urgente necesidad para aprobar un decreto ley. Baleares cree que la regulación del hecho migratorio no puede calificarse de extraordinario, “en tanto en cuanto este fenómeno es una situación estructural y no coyuntural, conocida desde hace años”, como lo reflejan los datos oficiales y la propia exposición de motivos del Real decreto ley.
