El Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid ha citado a declarar como investigado a Matthew Prince, consejero delegado de la tecnológica estadounidense Cloudflare Inc.,como investigado y a la propia compañía como imputada por delitos contra la propiedad intelectual en los derechos del fútbol en España.
En concreto, la citación responde a una querella criminal admitida a trámite e impulsada por LaLiga y Movistar Plus+. En ella se acusa a Cloudflare y a su directivo de tres delitos graves: contra la propiedad intelectual, amenazas (o coacciones) y obstrucción a la Justicia.
Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso La Vanguardia, Cloudflare habría impedido la ejecución de una resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona (18 de diciembre de 2024), que permitía el bloqueo dinámico de direcciones IP piratas.
Daños económicos de 859 millones de euros anuales
En ella se asegura que la infraestructura de esta empresa, que fichó al ex directivo de Telefónica Chema Alonso tras su salida de la operadora española hace justo un año, es utilizada por el 38% de los servidores, webs y reproductores que difunden el fútbol de forma ilícita en España. Por lo que se considera a Cloudflare como intermediario indispensable para el ecosistema pirata (servicios IPTV, cyberlockers, etc.). El gigante tecnológico estadounidense utiliza un sistema de reverse proxy (proxy inverso) que enmascara la dirección IP real de los servidores ilícitos, mostrando públicamente una IP legítima de Cloudflare. Además, provee servicios clave de alojamiento temporal y distribución de contenido (CDN) a través de más de 330 nodos globales.
La Liga y Movistar Plus+ calculan que la actividad ilícita facilitada por Cloudflare genera unos daños económicos de 859 millones de euros anuales en España. Paralelamente, la querella señala que Cloudflare obtiene beneficios millonarios al prestar sus servicios a estas redes piratas.
Está por ver si Matthew Prince se personará ante la Justicia española, ya que el directivo ha manifestado públicamente que su empresa no está obligada a acatar decisiones judiciales fuera de Estados Unidos.
La decisión de la Justicia española llega en el momento más complicado para las relaciones entre España y EEUU tras anunciar Donald Trump su intención de romper relaciones comerciales. El propio Prince, ha amenazado, según recoge la sentencia, con afectar servicios de emergencia en Europa si se le obliga a cumplir los fallos de la justicia europea. Por ejemplo, tras recibir una multa de 17 millones de dólares por parte de la Justicia italiana, Prince amenazó con retirar servicios gratuitos de ciberseguridad a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y a todos los usuarios italianos.
En Francia en 2025, Prince intentó coordinar un “apagón” de servicios institucionales y de transporte junto a Google, como represalia contra el gobierno francés tras una orden de bloqueo de un tribunal de París.
