El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el cese de su fiscal general, Pam Bondi, que se convierte en el segundo alto cargo de su gabinete en ser destituido en este segundo mandato, después de la secretaria de Seguridad Nacional y responsable de su política migratoria, Kristi Noem. Tras 14 meses al frente del Departamento de Justicia, el presidente ha acabado frustrado por su incapacidad de lograr las condenas de sus enemigos, así como por la polémica gestión de los archivos judiciales del caso del difunto pederasta Jeffrey Epstein.
“Bondi es una gran patriota estadounidense y una leal amiga, que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año”, la ha elogiado Trump a través de su plataforma, Truth Social, en una publicación en la que ha anunciado que “hará la transición hacia un nuevo y muy necesario e importante trabajo en el sector privado, que será anunciado en una fecha en el futuro cercano”. En su lugar, el actual vicefiscal general, Todd Blanche, abogado defensor de Trump en sus cuatro imputaciones penales antes de ser presidente, asumirá el cargo en funciones.
“Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una masiva ofensiva contra el crimen en todo nuestro país, con los homicidios desplomándose a su nivel más bajo desde 1900”, ha afirmado Trump. Sin embargo, en su legado al frente del Departamento de Justicia, será recordada como la mujer a cargo de iniciar investigaciones judiciales contra los adversarios políticos del presidente, a pesar de la independencia que se atribuye al departamento, y de la publicación sesgada e incompleta de los archivos de Epstein, en los que aparecen censurados nombres de personas implicadas con su trama de menores, pero se desprotege a algunas de sus víctimas.
La abrupta salida de la fiscal general se produce en un contexto tumultuoso para el Departamento de Justicia, que ha vivido un éxodo de fiscales de carrera señalados por su supuesta deslealtad a Trump, ya sea porque se negaron a buscar la imputación de sus rivales por falta de pruebas, o porque lo hicieron y no lograron sus condenas.
El año pasado, el presidente pidió públicamente, a través de Truth Social, que “Pam” comenzara de inmediato la persecución judicial de sus enemigos. “No podemos retrasarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad. Me sometieron a juicio político dos veces y me imputaron (¡5 veces!), por nada. ¡Debe servirse la justicia, ya!”, escribió Trump.
Bondi se encargó de liderar la persecución judicial de los enemigos políticos de Trump, pero su lentitud y fracasos frustraron al presidente
Bondi obedeció y, desde entonces, la justicia estadounidense ha imputado a figuras relevantes y enemistadas con Trump, como el exdirector del FBI, James Comey; la fiscal general de Nueva York, Letitia James, o el exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton; así como ha puesto en su lupa a otros adversarios, como Adam Schiff, Jerome Powell o John Brennan. Sin embargo, los casos de Comey y James fueron desestimados rápidamente después de que un juez dictaminara que el fiscal designado por Bondi había sido nombrado ilegalmente, lo que enfadó a Trump.
El mes pasado, el Congreso citó a declarar a Bondi a puerta cerrada por su gestión de los archivos de Epstein, de los que el Departamento de Justicia tan solo ha publicado la mitad de los que tiene en su poder. Al inicio del mandato de Trump, la fiscal general prometió máxima transparencia y aseguró que existía la famosa “lista de clientes” de Epstein, que estaba “sobre mi escritorio”. Poco después, el FBI determinó que esta lista nunca existió, y Bondi salió a aclarar que se estaba refiriendo a otros materiales relacionados con Epstein.
Sin embargo, ese comentario inicial alimentó las sospechas de encubrimiento, también entre las bases del movimiento trumpista Make America Great Again, que durante años ha impulsado teorías de la conspiración sobre Epstein y otros asuntos. Bondi, que en su confirmación el año pasado prometió que siempre iba a poner a la Constitución por delante de cualquier otra lealtad, ha seguido comprometida, en sus declaraciones públicas, a hacerlo. Sin embargo, su legado deja un deterioro de la supuesta independencia histórica entre el Ejecutivo y el Departamento de Justicia.
Este miércoles, Bondi acudió al Tribunal Supremo junto al Trump, el primer presidente en la historia en acudir a una vista oral del alto tribunal, para seguir los alegatos iniciales sobre la legalidad de sus límites al derecho a la ciudadanía por nacimiento. La imagen de ambos sugirió que, a pesar de sus desavenencias conocidas (y reveladas en la última semana por medios estadounidenses), el mandatario seguía teniendo plena confianza en ella, pero esa percepción se ha demostrado este jueves como equivocada.
