Exceso de discrecionalidad. Ese es el punto más negro que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha encontrado en el el Real Decreto ley aprobado por el consejo de ministros que contiene las medidas para paliar los efectos de la crisis económica derivada del estallido de la guerra en Irán.
En concreto, el think tank señala que las modificaciones sustanciales en la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red para instalaciones de consumo, así como diversas medidas orientadas a facilitar el despliegue de las renovables y del almacenamiento, y a impulsar la electrificación aun siendo acertadas “mantienen una reserva importante ya que sugiere una voluntad de utilizar las restricciones de acceso y conexión a las redes como mecanismo de política industrial, favoreciendo determinados proyectos etiquetados como estratégicos o preferentes frente a otros”.
El análisis realizado por el investigador Diego Rodríguez, pone el acento en el concepto “proyectos de alta prioridad” que el documento coloca en lugar preferente para el acceso a las conexiones de redes. Según Rodríguez, este concepto altera las reglas actuales que están marcadas por el orden de prelación temporal de solicitud por parte de las empresas interesadas. “la definición de momento es tan amplia que fácilmente puede someter el acceso a la red a una elevada discrecionalidad, al ser la Administración quién defina a un proyecto como estratégico”, asegura.
En concreto, el decreto establece que la decisión de qué proyectos serán considerados de alta prioridad recaerá en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de un recién creado Comité de Inversiones Estratégicas. En opinión de Rodríguez, “la baga definición de esa alta prioridad y la demora en una definición apropiada supondría la pérdida de oportunidades de inversión clave para España, la disminución de competitividad y un despliegue no ordenado de los proyectos de inversión”.
Entre los sectores más afectados por este criterio está el de los centros de datos. “Es evidente que se ha producido un acaparamiento de permisos de acceso y conexión por parte de promotores (reales o ficticios) de centros de datos, al igual que ha ocurrido en otros ámbitos como el almacenamiento con baterías o los electrolizadores para la generación de hidrógeno renovable, por ejemplo. Sin embargo, no se considera apropiado establecer regímenes de acceso específicos por tipos de consumidores eléctricos”, recoge el documento. Puesto que a la mencionada discrecionalidad, en el caso de los centros de datos el decreto anticipa la creación de un régimen específico de acceso y conexión que podría incorporar requisitos vinculados al origen renovable de la electricidad consumida, la eficiencia energética, el uso del agua o la contribución a la soberanía digital. Criterios que Rodríguez considera “ajenos al procedimiento de acceso a la red”.
Más allá de esta severa advertencia, la valoración general de las medidas de Real Decreto ley son calificadas como positivas.
A pesar de esta severa advertencia, Fedea realiza una valoración general positiva del resto de las medidas. El informe aplaude que la norma aborde problemas acuciantes del sector, introduciendo, por ejemplo, una nueva prestación económica mensual por reserva de capacidad y estrictos hitos de caducidad para frenar el grave problema de acaparamiento y especulación con los permisos de conexión por parte de proyectos paralizados. Así como la recuperación del conjunto de medidas de apoyo a los consumidores que ya se pusieron en marcha durante la crisis de Ucrania.
