En los últimos años, a los pensionistas se les trata bastante bien en España. Probablemente por convicción, pero algo tendrá que ver también la fuerza electoral que suponen, tanto por su número como por su fidelidad a acudir a las urnas. Un buen trato que, según el Gobierno, es factible mantener, aunque conservar este andamiaje complejo en pie es todo un reto. Más con las reformas incorporadas en el periodo reciente, porque encarecen mucho el sistema, dado que revalorizan las pensiones en función de la inflación, garantizando que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Un movimiento tan bienvenido por los pensionistas como difícil de sostener, especialmente con unas pensiones que tienen una tasa de reemplazo —es decir, la relación entre el último salario percibido por el trabajador en activo y su paga de jubilación— que está entre las más elevadas de Europa.
El problema de fondo es la escasez. Dado que, en un sistema de reparto como el español, los trabajadores actuales financian a los jubilados también actuales, la evolución demográfica provoca que cada vez haya menos ciudadanos cotizando y más cobrando la pensión. Una situación agravada por la llegada de la generación de los baby boomers al retiro, que son más y con retribuciones más elevadas que las cohortes precedentes.
Por tanto, es recurrente y necesaria la pregunta de si podemos seguir manteniendo este buen trato a nuestros pensionistas. Como todo lo basado en proyecciones a largo plazo, es difícil ser categórico, pero los elementos que hay ahora mismo sobre la mesa avalan la tesis de que se puede, aunque el proceso debe estar sometido a supervisión continua con capacidad para reaccionar en caso de desvío. Que la Comisión Europea diera su visto bueno al sistema reafirma esta respuesta positiva.
La Seguridad Social dice que el sistema es sostenible, Fedea lo cuestiona y Bruselas pone condiciones
El Gobierno argumenta que el incremento del gasto se compensa con los nuevos ingresos, en forma del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad para los salarios más elevados; dos fórmulas para recaudar más, una que pagan todos los trabajadores y la otra solo los de mayores ingresos. Y el Ejecutivo luce el aval, aunque muy crítico, de la Airef cuando emitió su primer veredicto en marzo del año pasado. No es sostenible a largo plazo, le replican desde think tanks como Fedea, que no ve garantías de viabilidad financiera a largo plazo. Y otros desconfían, como Bruselas, que aceptó el proyecto, pero añadiéndole un mecanismo de seguridad. Su condición fue introducir la denominada cláusula de cierre, un mecanismo para aumentar de forma automática las cotizaciones en caso de incumplimientos. Es el examen citado de la Airef del año pasado, y que se repetirá cada tres años.
En este debate, la Seguridad Social ha introducido un nuevo elemento. Un instrumento para calcular las proyecciones del gasto en pensiones que presentó la semana pasada, el denominado Integrass, que sale con la ventaja de disponer del acceso a todos los datos de la Seguridad Social, y con unos primeros resultados que el Gobierno se ha apresurado a destacar porque avalan su tesis de un sistema sostenible.
Las proyecciones de Integrass sitúan al gasto medio en pensiones en el periodo 2025-2050 en el 14% del PIB; por tanto, cuatro décimas por debajo de los cálculos de la Airef y seis décimas de los del Ageing Report, de la Comisión Europea. Un argumento que le permite a la Seguridad Social ratificar que no tomará medidas adicionales de recorte o de aumento de las contribuciones porque, dicen, esto ya es sostenible.
Ahora le espera, en principio, un nuevo test, el informe adicional que el Gobierno pidió a la Airef para antes del uno de junio de este año. Una petición de medida extra que no gustó a la hasta hace muy poco presidenta de la autoridad fiscal, Cristina Herrero, que dijo que este tipo de encargos atentaba contra la independencia del organismo y su autonomía de gestión. La nueva presidenta, Inés Olóndriz, que se estrena en público esta semana con la presentación del informe sobre las administraciones públicas, todavía no se ha pronunciado sobre este encargo. Será interesante ver si acepta el encargo y en qué condiciones lo desarrolla.
En todo caso, en los despachos de la Seguridad Social dan por hecho que el examen se llevará a cabo y confían en que el informe confirme el aprobado del año pasado. Calculan que, con la evolución favorable de la economía, la sostenibilidad del sistema tendría que salir incluso reforzada.
En principio, el nuevo instrumento de la Seguridad Social, el Integrass, sale con una buena presentación. Dispone de acceso a toda la base de datos de la Seguridad Social, con características detalladas del pensionista por sexo, edad, régimen, tipo de pensión y tramos. Pero también es ciertamente muy oportuna su aparición, revalidando las tesis del Gobierno en un tema tan conflictivo como este.
Es un debate que incide en la controversia entre generaciones, ahora tan de moda. En esta lucha intergeneracional que algunos intentan plantear en sustitución de aquella antigua lucha de clases. Es la comparación de las oportunidades que han tenido unos antes, los mayores, con la que tienen ahora los otros, los jóvenes. Un tema en el que incide dolorosamente la vivienda, el principal factor sin duda; pero también otras cuestiones como las oportunidades a disposición que muchos jóvenes consideran que son inferiores a las de las generaciones precedentes. Sobre todo, los señalados boomers, convertidos en sospechosos habituales.
El debate entre trabajadores y jubilados, entre jóvenes i ‘boomers’
Son debates que se multiplican en múltiples formatos. Algunos opinan, y detallan a golpe de gráfico, como Jon González, que el destino de los impuestos está más orientado a los mayores que a los jóvenes, y afirma que esto no es una percepción, ni un dato neoliberal de influencers malintencionados, sino que es un dato objetivo. Otros, como el sociólogo Pau Marí-Klose le replican que el estado del bienestar no privilegia a unos y maltrata a otros, sino que realiza una redistribución intemporal de recursos con los mismos individuos. El debate puede estar en si esta redistribución no es excesiva, y si se llega a esta conclusión, podríamos recortar pensiones. Lo que pasa es que, en este caso, se perjudicará tanto a los mayores de ahora como a los que vengan después.
Un duelo dialéctico parecido lo mantuvieron también en la presentación del nuevo instrumento de la Seguridad Social, dos economistas de primera línea, como Daniel Fuentes, profesor de la Universidad de Alcalá, y Nacho Conde-Ruíz, catedrático de la UCM y subdirector de Fedea. Donde Conde-Ruíz expone la teoría de la escasez, y justifica la queja de unos jóvenes que se consideran maltratados frente a unos boomers privilegiados; Fuentes le contesta con la necesidad de un debate global, no una fragmentación de pequeños debates en los que, en cada uno, habrá ganadores y perdedores, pero contando que se pierde en uno y se gana en el otro. Su conclusión es que hoy los jóvenes reciben en gasto público muchos más euros reales que los de generaciones anteriores. Una defensa, sin especificarlos, de los ahora tan criticados boomers, los que, recordemos, según la moda del momento, parece que tienen la culpa de casi todo.
