La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha celebrado como una gran “victoria popular” la aprobación definitiva del Real Decreto para regularización de personas migrantes que residían en España aunque ha lamentado que sea “una medida extraordinaria que resuelve solo puntualmente la situación administrativa irregular de quienes ya se encontraran con anterioridad en el país”.
En el mismo sentido, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas y el departamento de migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran que la aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes “es una medida de responsabilidad política, ética y social”.
No obstante, estas organizaciones advierten que un proceso “tan complejo técnica y logísticamente” pueda desarrollarse en un período limitado de tiempo y por ello las entidades firmantes piden a la Administración que favorezca el registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.
Estas organizaciones temen que la Administración no tenga capacidad de respuesta al proceso burocrático que implicarán los miles de peticiones que deberán gestionar.
También la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha celebrado la medida que es “imprescindible para garantizar derechos y vidas dignas”. La Taula recuerda que casi la mitad de quienes viven en España sin residencia reconocida se hallan en situación de pobreza mientras que sólo un 17% de los extranjeros que viven en España con residencia reconocida formalmente se hallan en esa misma situación. No obstante la Taula lamenta el poco tiempo que ha dispuesto el Gobierno central para hacer todo el procedimiento legal para alcanzar el estatuto de residente
También los empresarios han dado su visto buenos a esta medida. El presidente de Foment, Sánchez Llibre aseguró que la inmigración es necesaria “para mantener la competitividad e incrementar la productividad” de la economía española y recordó que la pirámide poblacional del país resulta insuficiente para satisfacer la necesidad de mano de obra del mercado de trabajo. “En los próximos diez años, se van a jubilar en España 5 millones de habitantes. Con la pirámide de población actual, solo se pueden cubrir 3,4 millones. Tenemos un ‘gap’ de 1,6 millones de trabajadores”, expuso.
En el mismo sentido se pronuncia la Cecot que la considera una “herramienta estratégica para la modernización de la economía española y para reforzar la seguridad jurídica de las empresas”. Para esta organización la regularización responde a una necesidad demográfica y económica y resuelve un problema de derechos humanos en opinión de la abogada especializada en extrangeria Eva Canut Pol.
