La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado varios expedientes sancionadores por “indicios de infracción” en el marco de las investigaciones por el apagón del 28 de abril del 2025, según ha informado este viernes. La identidad de los investigados se conocerá al cierre del mercado bursátil, aunque fuentes del sector ya tienen claro que el primero de los señalados será Red Eléctrica y el segundo Iberdrola por su gestión de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, situada en la provincia de Badajoz. Según estas fuentes, se trata de entre 12 y 14 expedientes en total.
El regulador ha apurado al máximo los plazos que marca la ley del Sector Eléctrico, que establece que las sanciones en caso de accidente en el sistema deben incoarse como muy tarde 10 días antes de que se cumpla el año de dicho evento. Es decir, Competencia tenía hasta el día de mañana para poner en marcha el procedimiento.
La información además llega tres días antes de que arranque en el Congreso una nueva comisión política para la investigación del apagón (la del Senado se ha cerrado esta misma mañana) que comienza el lunes con la comparecencia de las eléctricas y a la que el martes acudirá la propia presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Cani Fernández.
En ella, Fernández podría dar más información que en la del Senado ya que, según el documento publicado este viernes,
Competencia confirma que el apagón “tuvo un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión”, pero en su investigación ha detectado “diversos indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico”, aunque no necesariamente son la causa u origen del incidente. Estos hechos “podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”, se expone en un comunicado.
La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación, recuerda la CNMC. Se podrán alargar un máximo de 9 a 18 meses en función de la gravedad de la infracción, donde las empresas podrán presentar alegaciones y pruebas que vean convenientes.
El apagón ocurrido hace ahora un año ha obligado a reforzar la operativa del sistema, que ha comportado un coste de 666 millones de euros hasta finales de marzo, según los datos más recientes de Red Eléctrica de España (REE). Los informes elaborados desde instancias europeas o desde la propia CNMC han evitado señalar culpables concretos, lo que ha enmarañado la cuestión con cruces de acusaciones. En una comparecencia en el Senado el pasado marzo, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, apuntó tanto a las eléctricas como al regulador de la competencia como responsables del apagón.
El resultado de la comisión del Senado reparte responsabilidades tanto a REE como a las eléctricas, pero también a la propia CNMC por su demora en la autorización para que las energías renovables puedan participar también en el control de la tensión del sistema, cuya desviación se considera como principal causa del apagón total del día 28 de abril.
