El juez de Tarragona que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha rechazado la petición de varias defensas de enviar el caso a los juzgados de Madrid con lo que mantendrá la instrucción de la causa.
En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor Rubén Rus explica que los primeros indicios sobre un presunto tráfico de influencias del despacho Equipo Económico para lograr cambios legislativo por parte de Hacienda se encontraron por un “hallazgo casual” en una investigación de los Mossos d Esquadra a la empresa Messer.
Este hallazgo se mandó a decanato por reparto y fue este quien lo remitió a Rus. “Ni se ha actuado en contra de nuestros propios actos ni se ha actuado porque se tenga un especial interés en conocer el asunto, sino que se ha actuado en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables”, recoge el auto fechado el 16 de abril que pueda ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Tarragona.
El ergumento del juez
Los juzgados de Tarragona son competentes desde el momento que parte de los delitos se cometieron allí
El instructor explica además, en contra del criterio de los recurrentes, que los juzgados de Tarragona son competentes desde el momento que parte de los delitos se cometieron allí. “Es indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito”, apunta Rus.
El hallazgo casual al que hace referencia fueron unos correos electrónicos encontrados al director técnico de Messer que dirige al director general, ambos con sus puestos en Tarragona.
“De la lectura de tales correos, se desprende que varias empresas del sector, pretenden obtener una rebaja impositiva mediante la modificación de la ley de Impuestos Especiales, en concreto en el impuesto eléctrico”, subraya el magistrado.
Así, añade que de ese correo también se desprende, que al no lograr tal rebaja, “se decide contratar a una nueva empresa (Equipo Económico), ya que según se dice en los correos, esta tiene acceso directo al Ministerio de Hacienda, siendo este acceso directo lo que permitiría obtener la pretendida rebaja”.
En la resolución, el juez sostiene que fue Messer la que promovió la contratación de EE, “a sabiendas de que, mediante precio, acabarían obteniendo la rebaja esperada”. Y, según Rus, el motivo por el que se espera obtener la rebaja “es únicamente, al menos no se dice otra cosa, el acceso directo que se tiene con el Ministerio”.
En uno de los correos, el director técnico es, según el juez, “más explícito”: “la vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.
El magistrado advierte que el avance de la investigación “nos permite conocer que, tras el éxito de esa primera relación entre las empresas gasistas y EE, se produce un segundo encargo, ests vez encaminado a una modificación legislativa en el IAE”. En esta segunda posición, Messer se mostró productivo en la contratación del despacho, “actuando nuevamente desde Tarragona ”.
“Por tanto, desde Tarragona se contratación a EE y desde Tarragona se hace un pago a EE, ya que el pago, a pesar de que se realiza por medio de AFGIM, se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer, desde Tarragona, realiza su parte del pago”.
En este auto, Rus aprovecha para apuntalar que las gasistas no solo pagaron al despacho, fundado por el propio Montoro, sino que intervinieron en la elaboración del texto normativo. Desde la Dirección General de Tributos -dice- se instó a las gasistas para que indicasen cuál era su última propuesta “a fin de incorporarla al texto normativo, propuesta en la que también interviene Messer, y lo hace desde Tarragona ”.
Para defender la competencia de su juzgado, Rus recuerda que lo que se investiga es si un grupo de empresas pagaron con el fin, presuntamente, de que se ejerciera su influencia a autoridades y funcionarios públicos, “a fin de que estos legislen en favor de los primeros”. Y los delitos no los cometerían solo los funcionarios si o también los responsables de las empresas, entre otras Messer, ubicada en Tarragona.
Y ya por último, Rus considera que hay que tener en cuenta el impacto económico que las reformas legislativas produjeron a las arcas de Tarragona y de las localidades “en las que se encuentran plantas afectadas por dichas reformas”.
