P edro Sánchez empezó a utilizar la expresión “clase media trabajadora” con profusión en el verano de 2022, coincidiendo con el pico de inflación (10% interanual) provocado por la guerra en Ucrania, que alcanzó el 10% interanual. Se trataba de hacer llegar a sus votantes que el Gobierno estaba tomando medidas para proteger a esa parte de la población. Pero, ¿quiénes son la clase media trabajadora?
La OCDE define la clase media como aquellos hogares con ingresos entre el 75% y el 200% de la renta mediana nacional. Cuando el CIS pregunta a los españoles en qué categoría se sitúan, casi el 60% se ve como clase media. En realidad, no son tantos. Entre el 10 y el 15% menos. Es más fácil identificarse con la “clase media trabajadora” que con la clase baja.
Por primera vez Sumar está dispuesta a tocar la fiscalidad de la vivienda para pactar con Junts y PNV
El salario más frecuente en España ronda los 1.200 euros netos mensuales. En el último decenio el IPC acumulado ha crecido un 30%. Aunque los últimos datos de inflación son contenidos, el efecto acumulado en la cesta de la compra y la vivienda es evidente. Por eso, cada vez que el presidente presume de los buenos datos económicos, tanto de empleo como de crecimiento, siendo ciertos, provoca el desconcierto, si no la irritación, de esa clase media trabajadora que ve cómo su sueldo cada vez le da para menos.
El PP abandera la rebaja de impuestos, mientras el PSOE los reivindica para mantener los servicios públicos y señala que la derecha busca bajárselos a los ricos. Pero está calando el mensaje de que el Estado va sobrado de recaudación y se abre el debate de la deflactación del IRPF, que no es en sí una rebaja fiscal, sino una actualización de ese impuesto a la inflación.
Sánchez ha pedido a los empresarios que suban los sueldos, pero los socialistas han limitado las medidas contra la inflación a ayudas a sectores afectados, mientras Sumar incide en la vivienda por considerar que es la que se come los salarios. Sin embargo, el enfoque sobre la vivienda no está provocando más que frustración, ya que se necesita tiempo para afrontarlo y no existe el consenso para aprobar soluciones. Sólo hay posiciones numantinas en exceso ideologizadas que se resumen en “intervención sí, intervención no”. Y cuando un problema topa con tal dicotomía está condenado al estancamiento.
Ahora, por primera vez Sumar está dispuesta a comerse el sapo de rebajas fiscales relacionadas con la vivienda para lograr a cambio que se apruebe la prórroga de los alquileres con el apoyo de Junts y el PNV. Los socialistas han planteado incentivos y castigos en el IRPF a los propietarios en función de si suben o bajan el precio a sus inquilinos, además de regular el alquiler de temporada. Esas y otras medidas se negociarán con esos grupos con la intención de hacer un paquete con la prórroga que ha decaído y aprobarlo tras el verano. Por eso el PNV no apoyó la prórroga y se abstuvo, para tener margen de negociación, como Junts. Veremos si son capaces de acordar algo.
La vivienda y el coste de la vida son retos perentorios. La oposición pone el foco en la inmigración y la corrupción. En breve llegará el juicio al hermano de Sánchez y está por fijar fecha del de su esposa. La movilización del electorado antisanchista es máxima y esos juicios la reforzarán. El mensaje pasa por echar al presidente para recuperar el sosiego en la vida pública.
La crispación crece. En la campaña andaluza, Santiago Abascal ha llamado al presidente “mierda” y “chulo de putas”. Esta semana el alborotador Vito Quiles acosó a Begoña Gómez. Casi nadie del Gobierno puede caminar por Madrid sin ser increpado, reflejo de una polarización que deteriora la convivencia y que, cuando afectaba a Catalunya durante el procés , preocupaba mucho en la capital. Hace poco, un ministro fue hostigado por alguien que empezó a grabarle con el móvil… en un supermercado mientras hacía la compra, como si estuviera delinquiendo. Las elecciones generales van a discurrir entre lo que representan esos episodios de acoso que azuzan la llamada a acabar con el “sanchismo” y la presión que ejercen los precios en el bolsillo de la mayoría de votantes cuando llenan la cesta semanal.
No habrá cuentas nuevas en esta legislatura
Presupuestos como programa electoral
Los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados corresponden al año 2023. El Gobierno se comprometió varias veces a presentar los del 2026, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se marchó finalmente a Andalucía para competir en las elecciones de esa comunidad sin haberlo hecho. Lo cierto es que la legislatura va camino de culminarse sin haber aprobado ningún presupuesto, ya que los del 2023 corresponden al anterior mandato de Pedro Sánchez. El caso es que el Gobierno ya da por supuesto que no habrá cuentas en el 2026 y se presentarán las del 2027 sin ninguna expectativa de aprobarlas, sino más bien para que sirvan de programa electoral del PSOE para las generales.
Nuevo retraso en la aplicación
La amnistía, ahora para después del verano
El Constitucional está esperando a que el Tribunal de Justicia de la UE sentencie sobre si la ley de amnistía puede aplicarse a los casos de malversación que afectan a los líderes independentistas. Aunque es difícil conocer las intenciones del tribunal europeo, todo indica que esa resolución no llegará antes de junio y después el Constitucional tendrá que deliberar al respecto. Resolverá primero los casos que afectan a los ya condenados, como Oriol Junqueras. Aunque entonces ya podría aplicarse su resolución a Carles Puigdemont, si el Supremo no mueve un dedo para levantarle la orden de detención el Constitucional tendrá que pronunciarse también en concreto sobre los casos de Bélgica. En fin, que nos vamos a después del verano.
