El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, en el norte del país, anunció que dimitirá temporalmente después de que Estados Unidos lo acusara, junto a otros nueve funcionarios, de narcotráfico en una imputación explosiva que ha sacudido al estamento político.
En un breve vídeo publicado a medianoche del viernes, el gobernador Rubén Rocha Moya, destacado miembro del partido gobernante progresista Morena, negó las acusaciones de haber protegido al poderoso cártel de Sinaloa y de haber facilitado el envío de drogas a Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos.
“Mi conciencia está tranquila”, afirmó. “A mi gente y a mi familia puedo mirarlos a los ojos porque nunca los he traicionado, y nunca lo haré”. No obstante, señaló que tomará una “licencia temporal” de su cargo como gobernador para defenderse de lo que calificó como acusaciones “falsas y malintencionadas” y cooperar con la investigación iniciada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para determinar si debe ser detenido o extraditado a Estados Unidos.
Rocha Moya se compromete a colaborar en la investigación abierta por el Ejecutivo mexicano sobre sus presuntos tratos con el cártel de Sinaloa
Sheinbaum, que ha tenido dificultades para equilibrar los intereses de su partido con la presión del presidente Donald Trump para intensificar la lucha contra los cárteles, se ha negado hasta ahora a entregar a Rocha a Estados Unidos. Ha afirmado que no ha visto pruebas creíbles contra él, pero se comprometió a que las autoridades mexicanas investigarán los casos y recopilarán su propia información.
Rocha, aliado firme del mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que la imputación contra él y otros miembros del dominante partido Morena constituye un ataque contra el movimiento político de izquierdas.
“No permitiré que se me utilice para perjudicar al movimiento al que pertenezco —uno que ha mejorado la vida de millones de mexicanos y mexicanas—”, dijo en el vídeo. Como gobernador, Rocha goza de inmunidad frente a procesos penales. El Congreso de México debe primero destituirlo si ha de enfrentarse a cargos.
