Los expertos del Ministerio de Trabajo han cumplido con la misión que les encargaron en tiempo y forma. En este proceso acelerado para aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), han facilitado ya su propuesta de subida para el próximo año. Plantean un aumento del 4,9%, lo que supondría pasar de los actuales 1.221 euros brutos mensuales por catorce pagas, a 1.281 euros. Es decir, un aumento de 60 euros mensuales. En el año, serían 17,934 euros.
La propuesta parte de la base de que el SMI seguirá sin tributar al IRPF, como se ha hecho hasta el momento, y es el encargo que tenían los expertos. Primero calculan que, para situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, la subida tendría que ser del 2,7%. Si a continuación se le añade otro de los mandatos que se les fijaron, que no se perdiera poder adquisitivo, entonces el aumento pasa al citado 4,9%. La razón, indican, es “proceder a un aumento del SMI que permita mantener su poder adquisitivo”.
Sin embargo, no se quedan aquí. Aunque el ministerio les especificó que la subida no tributaría, los expertos han añadido a título informativo esta segunda opción. En caso de que esta vez sí tuviera que tributar, calculan que el incremento tendría que ser del 11%, hasta los 18.891 euros anuales. En principio, el Gobierno parte de la intención tanto de aprobar la subida antes de las elecciones como de que se evite su tributación por el IRFP.
Con esta propuesta encima de la mesa, esta mañana se ha reunido la mesa de diálogo social para tantear las posiciones tanto de sindicatos como de patronal. Los sindicatos han ido más lejos con su planteamiento, pidiendo un incremento del 7%, mientras que la CEOE por el momento no se ha pronunciado, aunque hay que recordar que en los últimos años no se ha sumado a ningún consenso para el aumento del SMI.
Además, los sindicatos siguen quejándose del incumplimiento del Gobierno que, a pesar de sus promesas, no ha prohibido la absorción de pluses con la subida del SMI, un compromiso que ya viene del año pasado y con pocos visos de que se aplique. Precisamente, el informe de la comisión de expertos critica que no se existan datos sobre el porcentaje de perceptores del SMI a los que se ha aplicado la absorción de pluses y añade que esta práctica supone que la subida del SMI “de facto podría no estarse traduciendo en todos los casos en una subida del salario percibido, sino tan solo en un cambio de sus componentes”.
Desde el punto de vista de los sindicatos, se le puede añadir también la crítica porque el nuevo registro horario, el que debía de servir como plan B ante el fracaso de la reducción de jornada, no se ha aprobado todavía. En este terreno, las diferencias entre Trabajo y Economía lo han paralizado. Oficialmente, se está trabajando en adaptar la norma para cumplir con el dictamen del Consejo de Estado. En la práctica, todo indica que Yolanda Díaz dejará el cargo sin cumplir este objetivo.
En el terreno del salario mínimo interprofesional, el Gobierno solo tiene la obligación de consultar con los agentes sociales, pero dispone de total autonomía para aprobar en el Consejo de Ministros el incremento del SMI que considere. En esta ocasión, es previsible que los plazos se acorten y que la búsqueda del consenso con sindicatos y patronal quede condicionada por su intención de aprobar el aumento antes de las elecciones. En otras ocasiones, se ha podido aprobar la subida ya con el año empezado y con efectos retroactivos, pero en esta ocasión el Ejecutivo lo quiere cerrar antes.
