Con su victoria en las midterm, los demócratas se han dotado de un nuevo poder: el de investigar a fondo a Donald Trump y su entorno cercano.
Hasta ahora, la oposición había visto frustrado cualquier intento de indagar en los turbios manejos de la Casa Blanca. La mayoría republicana en el Congreso lo impedía. Pero el vuelco electoral lo cambia todo. Con la Cámara de Representantes y el Senado en sus manos, el Partido Demócrata podrá poner bajo lupa las acciones del Gobierno: dispondrá del control de los comités de investigación, de mayores presupuestos y personal para iniciar pesquisas, y de facultades para citar a comparecer a quien considere oportuno.
Durante la campaña, los demócratas ya anticiparon su intención de someter a un escrutinio exhaustivo a la actual Administración en caso de imponerse en las elecciones. “Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance y, sin duda, tendremos mucha más autoridad para llevar nuestros casos a los tribunales cuando seamos mayoría”, advirtió en septiembre el congresista Jamie Raskin, candidato a dirigir el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
Un objetivo prioritario serán los negocios vinculados a la familia Trump. Los demócratas quieren arrojar luz sobre el entramado empresarial que rodea al presidente, quien ha disparado su fortuna durante este mandato: desde que regresó a la Casa Blanca, ha ganado más de 2.700 millones de dólares.
En busca de evidencias de corrupción y malversación de fondos, la oposición ya está presionando para que se investiguen los nexos con la industria de las criptomonedas, convertida en una lucrativa fuente de ingresos para el magnate y sus allegados; y han solicitado información sobre las actividades del yerno del republicano, Jared Kushner, quien combina la función de asesor de la Casa Blanca en política exterior con la dirección de una firma de inversión con intereses en el extranjero –sobre todo, en Oriente Medio–.
La reconfiguración del Congreso también debería servir para abrir un frente en torno a Jeffrey Epstein. Los demócratas quieren saber si el Gobierno gestionó de manera correcta el caso e investigar las transacciones financieras del pederasta, cuya relación con Trump lleva años siendo fuente de especulación. Es muy probable que ahora se intente obligar al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos, o que se reclame la comparecencia del presidente y la primera dama.
Otro objetivo destacado será el Pentágono. El departamento de Defensa, dirigido por Pete Hegseth, está en el punto de mira de los demócratas por su gestión de la guerra de Irán. Se quiere investigar todo lo vinculado con la campaña bélica: desde la escasez de municiones al número de bajas, pasando por las denuncias de una mala preparación. Los ataques estadounidenses contra supuestos barcos de narcotraficantes en el Caribe –que podrían ser crímenes de lesa humanidad, según la ONU– también darán pie a un escrutinio exhaustivo. No es descartable que todas estas averiguaciones conduzcan al cese de Hegseth.
Asimismo, la oposición podría poner su foco en el ICE, la agencia a la que el Gobierno le encomendó las redadas y deportaciones masivas de inmigrantes. Los episodios violentos protagonizados por los integrantes de este organismo en los últimos meses se prestan a una movilización del Congreso. El congresista Roberto García, quien casi seguramente liderará el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ya se comprometió en octubre a investigar los supuestos abusos.
También es posible que los demócratas aprovechen su mayoría legislativa para iniciar un proceso de juicio político al presidente, el llamado impeachment, si bien el partido está dividido al respecto. En caso de que finalmente haya consenso para impulsar esta iniciativa, sería la tercera vez que Trump afrontaría ese escenario: en su anterior mandato, se libró en dos ocasiones de la condena porque fue absuelto por el Senado.
Y, ante toda esta batería de investigaciones que se perfila en el horizonte, ¿qué hará la Casa Blanca?
La pista está en lo sucedido durante el primer gobierno de Trump. Entonces, la Administración puso todas las trabas posibles a las acciones demócratas, retrasando las solicitudes de documentos y testimonios, e invocando el derecho del Ejecutivo a reservarse cierta información. Lo más probable es que los republicanos repitan esa estrategia, pero eso no les evitará un desgaste considerable ante la opinión pública.
