El expediente secular de las cuantiosas inversiones pendientes del Estado en Catalunya sigue en el centro del debate político/empresarial. El último episodio, el voto de Junts en el Congreso contra la creación de un consorcio de inversiones paritario entre el Estado y la Generalitat, pactado por el Govern y ERC.
Propuesta archivada. Aunque las fuerzas económicas no se resignan a que la cosa se quede como está, es decir, a que los proyectos se aparquen por falta de recursos o de ejecución cuando estos están en teoría disponibles.
El presidente de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, uno de los organismos históricamente más activos en el análisis de las inversiones del Estado perennemente aplazadas, ha organizado una reunión con dirigentes de Junts para conocer sus explicaciones sobre su voto en el Congreso. Los del partido de Carles Puigdemont, por su parte, señalan que durante la tramitación de la propuesta nadie se puso en contacto con ellos y que, además de que consideran el consorcio inoperativo, su única utilidad es facilitar el pacto presupuestario entre el PSC y ERC, cuentas que no apoyan. “En Madrid no tienen consorcio y las inversiones del Estado van como un cohete”, señalan desde la formación
La Cambra, Pimec, que preside Antoni Cañete, y el Cercle d’Economia, que encabeza Teresa García-Milà, participaron hace unos días en un acto organizado por el PSC y ERC en apoyo de la creación de ese consorcio. Acto programado con el nada disimulado objetivo de focalizar la presión empresarial sobre Junts y su voto clave en el Congreso. También participó Alícia Romero, consellera de Economia, muy preocupada por las consecuencias de la parálisis inversora.
La polémica del encuentro fue la no invitación a intervenir a Foment, la patronal que preside Josep Sánchez Llibre. Varios dirigentes empresariales manifestaron en ese momento su extrañeza al ver fuera a la organización más representativa y referente de las más grandes compañías y consideraron que esa decisión debilitaba la unidad y la posición de fuerza de los partidarios de cambiar la situación. No es un secreto que el Govern aún no ha olvidado las críticas del presidente de Foment al acuerdo de financiación autonómica, pese a que firmó con el resto de las organizaciones económicas un documento final de apoyo que incluía la propuesta del consorcio.
Precisamente hoy Sánchez Llibre presenta el informe anual de Foment sobre las inversiones del Estado en Catalunya, repitiendo un ritual de casi una década.
Sin duda, las organizaciones empresariales realizarán en los próximos días propuestas para superar la división política y encontrar mecanismos para desbloquear la práctica parálisis de la inversión pública en Catalunya.
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J ordi Pujol i Soley, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003. ha quedado finalmente fuera de la causa judicial sobre el enriquecimiento de su familia. Aceptando el contundente y reiterado diagnóstico de los médicos forenses sobre el estado de salud de Pujol, es posible que el Tribunal de la Audiencia Nacional se haya ahorrado el mal trago de su absolución, habida cuenta de que el personaje apenas ha sido mencionado en el juicio y su participación en los hechos investigados no ha quedado acreditada.
La causa apenas ha aportado pruebas de nada, pese a que alguno de los encausados ha sido sospechoso y sus aventuras se publicaron sobradamente en la prensa. Los hechos se remontan a muchas décadas atrás, y cuando se comenzó a investigarlos ya no quedaban apenas rastros. Una consecuencia más del manto de impunidad política, policial y judicial que durante muchos años envolvió la gestión pública en Catalunya y en España.
No había que molestar a Pujol en Catalunya mientras él apoyaba la gobernabilidad en España. Luego, con el procés , el gobierno del PP y el aparato del Estado intentaron compensar ese olvido fabricando pruebas falsas, utilizando métodos ilegales y pagando a testigos de dudosa credibilidad. Cuando eso quedó en evidencia, desde hace unos años hasta ahora, la independencia judicial se ha encargado de taparlo todo, como han puesto de manifiesto las declaraciones de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz en el caso Gürtel.
El grueso de la guerra sucia contra el independentismo, la llamada operación Catalunya de la policía patriótica , se quedó en montajes sin fundamento: supuestas cuentas, falsas, en el extranjero; manipulación grosera de documentos; testimonios de estafadores convictos sin recursos pagados con fondos reservados; creación de perfiles inventados sobre personas públicas.
Pero la máquina de fango del comisario Villarejo y sus colegas de cloaca en Interior encontró, con métodos ilegales, algo que acabaría siendo cierto. Si, ya saben, las cuentas de la familia Pujol en Andorra.
No se trata ahora de repetir toda la historia, de sobra conocida. Han pasado casi doce años desde que se conoció su existencia, con la declaración de Pujol, la llamada “confesión”. En realidad, nunca fue tal, pues se trataba de fijar un relato que preservara su imagen política y que a la vez ocultara un hecho clave. No era solo su familia, esposa e hijos, quien tenía cuentas en Andorra, él también tenía la suya. No es un hecho desconocido, pero conviene recordarlo, para fijarlo, ahora que la causa ha acabado para el expresident.
La 63810-2, abierta el 21 de diciembre del 2000 en la Banca Reig, ahora Andbank. Una fecha distinta de las del resto de la familia, estas de 1992. Lo hizo su hijo mayor, Jordi, con 307 millones de pesetas en efectivo, procedentes de Barcelona y aportados por importantes empresarios de la ciudad. ¿El motivo? “Agradecimiento por sus años de dedicación a la política y como una especie de garantía para su ya inminente jubilación, tres años más tarde”, según la benévola interpretación de alguien conocedor de los hechos. El todavía president, corría el año 2000, envió al banco una carta manuscrita asumiendo la titularidad. Después se explicaría que todo fue una comedia para ocultar un dinero del hijo mayor a ojos de su esposa, de la que se estaba separando. Pero los hechos no se condicen con ese relato. Era su dinero y en caso de fallecimiento lo heredaría su esposa, Marta Ferrusola. Era la deixa del propio Pujol.
Obviamente, el legado de un personaje de la envergadura de Jordi Pujol no se resume solo con ese depósito bancario. Es mucho más amplio y complejo. Su enorme y relevante papel en la política catalana y española dará aún mucho trabajo a analistas e historiadores. Pero la propia existencia de esa cuenta y el comportamiento de Pujol para ocultarla también son una clave indispensable para descifrar su personalidad y aportan elementos para interpretar su comportamiento público.
