En Alemania, las mujeres, cuando acaban de ser madres, son empujadas a dejar su trabajo y ocuparse de su retoño hasta que este alcanza la edad de tres años. Es una tradición socialmente muy arraigada, hasta el punto de que aquellas que optan por adelantar el retorno a su actividad profesional son despectivamente tildadas de rabenmutter (literalmente, madre cuervo). La Administración tampoco se lo pone fácil, con una oferta históricamente deficitaria de plazas de guardería que incita a quedarse en casa. Ahora, la abnegación de estas madres va a ser premiada con su expulsión del seguro de salud. Así lo prevé -salvo unas pocas excepciones- el proyecto de ley de reforma del Seguro Médico Obligatorio aprobado la semana pasada por el Gobierno alemán, que dejará sin cobertura sanitaria gratuita al cónyuge que no trabaje.
El recorte de derechos sanitarios en el seno del matrimonio es solo una de las medidas previstas en el proyecto gubernamental, que pretende ahorrar hasta 16.300 millones de euros al año. También se aumentará el copago de los medicamentos y de las estancias hospitalarias, por ejemplo. El objetivo de la reforma, que el canciller Friedrich Merz calificó de “histórica”, es cuadrar los números sin tener que aumentar las cotizaciones de la generalidad de los trabajadores y de las empresas. Sobre todo de estas últimas, cuyas cargas fiscales y financieras el Gobierno quiere aligerar para tratar de revitalizar una economía que arrastra un estancamiento crónico desde que la guerra de Ucrania y el enfrentamiento con Rusia dejó a la industria alemana sin el maná del barato gas ruso.
La reforma de la sanidad pública es una de las previstas en el famoso -y retrasado- “otoño de reformas” prometido por Merz y que, básicamente, consistirá en meter la tijera al “insostenible” Estado del Bienestar alemán (en palabras del propio canciller) para destinar el dinero a otras causas. Porque donde no habrá recortes, e incluso se contraerá nueva deuda, es en el presupuesto de defensa, que aumentará el año que viene un 28%, pasando de 82.700 a 105.800 millones de euros, y que ha de seguir incrementándose año a año hasta alcanzar en el 2030 el 3,5% del PIB.
La apuesta de Merz en Alemania, que no parece que vaya a contribuir a mejorar su degradada imagen -su popularidad está bajo mínimos un año después de su elección como canciller-, es la misma que pretende aplicar en Europa. Y si es previsible que en Berlín sufran las costuras del gobierno de coalición entre democristianos y socialdemócratas, otro tanto puede suceder en Bruselas y Estrasburgo. El debate de fondo es muy parecido. Todo el mundo está de acuerdo en que Europa, confrontada a la agresividad de Rusia y el desentendimiento de Estados Unidos, debe aumentar su gasto de defensa. La cuestión es cómo financiarlo. Y la respuesta de Alemania es clara: quitando de otro sitio.
Los 27 quieren aumentar sensiblemente la inversión en las políticas de competitividad y de defensa, lo que indefectiblemente pesará sobre otras partidas. La propuesta elaborada por la Comisión Europea para el marco presupuestario del periodo 2028-2034 -que empieza a discutirse ahora- es básicamente continuista en lo que afecta a las grandes cifras: cerca de 2 billones de euros, equivalente a un 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) comunitaria. Y aunque es cierto que la CE prevé contar con nuevos recursos propios, también lo es que ha de afrontar nuevos gastos, como los 168.000 millones correspondientes al reembolso de la deuda común emitida para combatir la crisis económica de la covid.
El Parlamento Europeo se enfrenta a los ‘frugales’ y propone aumentar el presupuesto de la UE un 10%
La distribución interna del gasto y su evolución es difícil de calcular porque ha cambiado la arquitectura presupuestaria y los fondos sectoriales serán refundidos a partir de ahora en fondos nacionales, que se adjudicarán a cada Estado en función de un programa de actuación pactado con Bruselas. Sin embargo, como no se puede hacer más con el mismo dinero es obvio que ciertas políticas históricas se resentirán, lo que apunta directamente a la Política Agraria Común (PAC) y el Fondo de Cohesión. Y no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo.
Los países llamados frugales, con Alemania a la cabeza, no quieren ni oír hablar de aumentar el presupuesto –“No encaja con la situación”, subrayó recientemente Merz-, mientras que los más afectados por los previsibles recortes agrícolas y de cohesión, entre ellos España, presionan en sentido contrario. Pero la división no solo existe entre países, en función de sus intereses, también la hay entre las instituciones comunitarias.
El Parlamento Europeo, que tiene poderes de codecisión en esta materia, aprobó la semana pasada un documento base de negociación en el que plantea un “moderado” aumento presupuestario del 10% con el objetivo de no sacrificar ningún programa, algo que augura un enfrentamiento con el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno. Desde luego, Alemania lo rechaza de plano, al igual que cualquier idea de volver a lanzar una operación de endeudamiento común. Dato curioso: entre los partidarios de elevar el gasto está el presidente del PPE y líder de la CSU, el alemán Manfred Weber. Es dudoso que Merz lo aprecie.
A vueltas con los aranceles. Donde sí han ido de la mano Merz y Weber es en el espinoso asunto del acuerdo comercial con Estados Unidos, pactado por Ursula von der Leyen y Donald Trump en Turnberry (Escocia) el verano pasado y todavía en proceso de ratificación en el seno de la UE. El Gobierno alemán y el PPE han presionado fuertemente para su rápida aprobación por el Parlamento Europeo, tanto más cuanto que el presidente de EE.UU. amenazó días atrás con imponer nuevos aranceles del 25% (en lugar del 15% pactado) sobre los automóviles europeos.
En teoría, la irritación de Trump se debe al retraso del proceso de ratificación, pero la amenaza se produjo inmediatamente después de que el canciller Friedrich Merz asegurara con desenvoltura que EE.UU. estaba siendo “humillado” por Irán en el conflicto del Golfo. Y casi en paralelo al anuncio, también inopinado, de la próxima retirada de 5.000 de los 36.000 soldados norteamericanos desplegados en Alemania.
Sea como fuere, la inconstancia del presidente estadounidense y sus continuos cambios de humor no han hecho más que sembrar la desconfianza y acentuar las divisiones en el seno de la UE. Algunos países y varios grupos políticos dela Eurocámara presionan ahora para añadir al acuerdo cláusulas de salvaguarda que permitan suspenderlo si Washington lo incumple. Uno de los más beligerantes ha sido, también aquí, otro alemán, el eurodiputado socialdemócrata Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo. La noche del jueves hubo un nuevo intento fallido de acordar una posición común entre los representantes de la Eurocámara, la Comisión y los 27. Aún tienen margen: Trump ha puesto como fecha límite el 4 de julio.
Amigos por doquier. La 8ª cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), foro que reúne a una cuarentena larga de jefes de Estado y de gobierno europeos más allá de los acotados márgenes de la UE, ha tenido esta semana un carácter especial. Celebrada en Ereván, la capital de Armenia, ha venido a subrayar un cambio geopolítico de calado: el viraje proeuropeo de esta república exsoviética, que hasta hace bien poco figuraba como un aliado histórico de Rusia. El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien llegó al poder tras la revolución de Terciopelo en 2018, ha sido el gran impulsor de este cambio, acelerado por la guerra de 2020 y 2023 con Azerbaiyán, en la que Moscú se lavó las manos. En 2025 el Gobierno armenio solicitó formalmente la adhesión a la UE, una aspiración que Bruselas respaldó esta semana en una reunión bilateral.
La cumbre de la CPE tuvo otra circunstancia extraordinaria: la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, que quiso de esta manera marcar su acercamiento a Europa en un momento gélido de las relaciones entre su país y Estados Unidos. La posibilidad de que Canadá pudiera algún día integrarse en la UE, por más que muchos de sus ciudadanos así lo deseen, no parece sin embargo probable.
Inestable Rumanía. El Gobierno proeuropeo del primer ministro Ilie Bolojan cayó el martes por una moción de censura apoyada por los socialdemócratas -hasta ahora en el Ejecutivo- y la extrema derecha en una alianza de circunstancias que sume al país en una nueva etapa de inestabilidad. Bolojan, liberal-conservador, gobernaba desde junio de 2025 al frente de una coalición europeísta integrada por cuatro partidos, el más fuerte de los cuales era el socialdemócrata. Las diferencias internas, sobre todo en lo relativo al ajuste fiscal impulsado por el primer ministro, condujeron a finales de abril a la ruptura y la salida del PSD del Gobierno. Y esta semana, a la censura. El presidente del país, Nicusor Dan, ha descartado la convocatoria de nuevas elecciones y, aún más, un cambio de rumbo en la apuesta proeuropea del país. Los mismos partidos que integraban la coalición buscarán ahora la manera de reeditarla.
