El doble juego de la Fiscalía Anticorrupción sobre el corruptor Víctor de Aldama pone en la tesitura al Tribunal Supremo de decidir en su sentencia si la colaboración y confesión de este empresario ha sido “determinante, relevante, decisiva y eficaz”, tal y como exige la propia jurisprudencia para poder aplicar una atenuante, es decir una rebaja de la pena. El último día del juicio por el caso mascarillas en el que se ha enjuiciado al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, y a este comisionista, el fiscal Alejandro Luzón dejó tres vías abiertas a la Sala, que ahora le va a tocar resolver.
Por un lado, esta la postura oficial y por escrito del fiscal jefe de Anticorrupción, que pide para Aldama siete años de prisión, aplicando ya una atenuante de confesión, por los delitos de organización criminal y cohecho. Por un tercer ilícito, el de aprovechamiento de información privilegiada le reclama una multa de 3,7 millones de euros. Por esos dos delitos, a Ábalos se le pide 13 años, a los que se le suman otros once años por otros actos ilícitos.
El fiscal pide siete años de cárcel para el comisionista, aunque defiende una rebaja mayor de la pena
Sin embargo, en su informe oral dejó la puerta abierta al tribunal para que atienda a la petición de la acusación popular, liderada por el PP, e incluso a la de la defensa de Aldama que pedía se aplique una atenuante muy cualificada, privilegiada, para que la pena se le quede en no más de dos años y así evitar el ingreso en prisión. Las últimas 24 horas de la vista fueron algo convulsas porque trascendió que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, habría podido dar una orden a Luzón para que no defendiera la aplicación de esta atenuante que rebajara la pena solicitada para el comisionista.
Esta orden no fue reconocida públicamente por ninguna de las partes y Luzón no advirtió a la Sala que su solicitud de pena fuera solicitada por “imperativo legal”. Luzón defendió la petición de pena de siete años de cárcel, pero dejó la puerta abierta a que el Supremo se congracie con Aldama. Sin embargo, el tribunal tiene que argumentar y justificar porqué considera que el empresario ha colaborado de manera eficaz en la investigación.
La defensa del empresario dice que ha colaborado con la justicia y no debe entrar en prisión
Tanto el Código Penal como la propia doctrina del Tribunal Supremo recoge que para que se puede aplicar una atenuante de confesión ésta tiene que ser veraz, ante la autoridad competente, mantenida a lo largo de todo el procedimiento y, sobre todo, que la confesión debe tener lugar antes de que el culpable conozca que el procedimiento judicial se dirige contra él. Es evidente, que en el caso de Aldama esto no fue así. Él decidió colaborar con la justicia nueve meses después de ser detenido por el caso mascarillas. De hecho, él decidió reconocer que pagó comisiones a García y a Ábalos cuando un juez de la Audiencia Nacional le envió a prisión por un asunto totalmente ajeno a éste, por un fraude de 200 millones de euros a través de una empresa hidrocarburos. Para salir de la cárcel, su abogado llegó a un acuerdo de colaboración con Anticorrupción, que estaba personada en los dos procedimientos.
La doctrina y el Código Penal permiten aplicar una atenuante cuando la confesión es tardía, pero entonces los requisitos para ello se elevan. Ya no es suficiente solo la confesión sino que debe aportar evidencias nuevas y verificables En este caso, la Sala que ha juzgado el caso mascarillas deberá analizar qué ha aportado Aldama. Para el fiscal, sí considera que ha ayudado a la investigación como para tener en cuenta tal atenuante. Pero aún va más allá y cree que el Supremo debe tener en cuenta la atenuante muy cualificada. La doctrina apunta que para ello, la colaboración ha tenido que ser intensa en la aportación de pruebas, recuperación de bienes y en el ahorro de la labor investigadora.
El corruptor confesó las comisiones nueve meses después de su detención y para salir de prisión
Pues bien, en su informe definitivo el propio Luzón dijo a reglón seguido que “la prueba es tan abundante que podemos considerar que la declaración de Aldama no es decisiva para la determinación de estas conductas”.
El tribunal tendrá que analizar qué ha aportado el corruptor. Para empezar, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tenía una investigación abierta desde el 2022. En ese año, ya existen en el sumario informes tributarios sobre las empresas de Aldama como Soluciones de Gestión, y sobre sus vínculos con García. Los investigadores habían hecho seguimientos al exasesor, le habían intervenido las conversaciones telefónicas y ya existían varios atestados policiales. Todo ello, llevó en febrero del 2024 a la detención de ambos junto a unas veinte de personas y la práctica de 26 registros. En el registro de García aparecieron 27 dispositivos telefónicos y grabaciones que fueron analizadas por la UCO. De esos registros se sustrajeron más pruebas contra Ábalos, quien inicialmente no estaba investigado. La clave fueron varios audios que tenía García en su casa sobre Ábalos y su sucesor en la secretaría de organización, Santos Cerdán, hablando del reparto de dinero.
La investigación del caso mascarillas empezó dos años antes y no se ha devuelto el dinero
Todo ello llevó a que el primer juez que inició el caso mascarillas, Ismael Moreno, enviara una exposición razonada al Tribunal Supremo, al estar Ábalos aforado por su condición de diputado. Y fue en octubre del 2024 cuando el alto tribunal aceptó investigar al exministro. Aldama no hizo su primera confesión por el pago de comisiones hasta un mes después.
Su defensa sostiene que Aldama ha colaborado en la entrega de documentación y por ejemplo en poner a la UCO en la pista de Santos Cerdán, que después acabó investigado. Sin embargo, su colaboración se limitó a dar su nombre y lo que llevó al exsocialista a acabar en prisión fueron los audios incautados a García, que dio pie a hacer una investigación patrimonial sobre su persona.
Aldama también ha dicho que otras empresas pagaron comisiones por adjudicaciones. El juez del Supremo que asumió la causa, Leopoldo Puente, amplió la investigación, a raíz de un informe de la UCO que analizó los audios de García con Cerdán, y se daban nombres como Acciona, Antxón Alonso y otras empresas.
El comisionista dijo en el juicio, como una nueva confesión, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era el número 1 de la organización, que él se dedicaba a recaudar el dinero de otros empresarios para financiar el PSOE y que de todo eso era conocedor el presidente. El fiscal no dio credibilidad a tal afirmación. Todo eso se tendrá que valorar por parte del juez que sigue con otras piezas abiertas, mientras que el Supremo decide cuál ha sido su colaboración. Y por último, ¿dónde está el dinero? Aldama no ha devuelto lo que obtuvo de los contratos de mascarillas y Hacienda cifra en 2,4 millones de euros su defraudación aquel 2020.
