El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, acaba de reconocer algo que muchos venimos advirtiendo desde hace tiempo: la UE tiene un serio problema para garantizar el suministro de energía y todo indica que irá a peor. En el diagnóstico, nada que objetar. Lo llamativo es que esta advertencia venga de la Comisión Europea, la misma que lleva años adoptando decisiones que solo han contribuido a agravar esta situación.
El actual conflicto en Oriente Medio no es la principal causa de los problemas de abastecimiento de Europa. Su vulnerabilidad energética es, en buena medida, el resultado de años de políticas comunitarias erráticas, que han ignorado las necesidades de su industria y han convertido la regulación en un preocupante ejercicio de irresponsabilidad.
La vulnerabilidad energética es resultado de años de políticas comunitarias erráticas
El último ejemplo es el reglamento de emisiones de metano, que a partir del 2027 comenzará a aplicarse también a las importaciones de petróleo y gas. Desde esa fecha, Europa solo podrá comprar hidrocarburos a países con normas equivalentes a las comunitarias y datos de emisiones verificados bajo los estándares más exigentes. En la práctica, esta medida cerrará las puertas a la mayoría de los principales productores mundiales, que hoy no están en condiciones de cumplir los requisitos de la UE.
Las cifras son demoledoras. El 43% del gas y el 87% del crudo importados en 2024 quedarán excluidos del mercado europeo el próximo año, incluidos los envíos de proveedores tan fiables como Noruega y EE.UU. Si el reglamento se aplica a las importaciones, Europa podría sufrir una profunda crisis de suministro, comparable —o incluso superior— a la provocada por la invasión rusa de Ucrania. Con una diferencia fundamental: esta vez será fruto de decisiones tomadas en Bruselas.
Las consecuencias no tardarían en hacerse notar en la economía, donde los sectores industriales más dependientes del gas se verían obligados a detener periódicamente su actividad y las refinerías reducirían su producción a la mitad ante la escasez de petróleo. Todo ello desembocaría en una fuerte contracción de la actividad económica y un encarecimiento generalizado de los combustibles para ciudadanos y empresas.
Sin embargo, estos sacrificios tampoco garantizarían una reducción real de las emisiones. El reglamento impone condiciones muy severas a la importación de crudo, pero permite la entrada de gasolina, diésel y otros productos refinados sin exigir los mismos estándares de verificación en origen. El resultado sería perverso: Europa aumentaría la compra de combustibles fuera de sus fronteras, lo que provocaría el cierre de buena parte de sus refinerías y el traslado de las emisiones de gases de efecto invernadero a otros países.
La UE aún puede rectificar y evitar un nuevo error estratégico. Si no corrige su reglamento del metano, Bruselas pondrá las bases de la próxima crisis energética europea. Y cuando llegue, no habrá excusas ni culpables externos a los que señalar.
