Visto para sentencia. El juicio contra la familia Pujol ha acabado a las 13.49 de este jueves, después de 38 sesiones, en las que han comparecido más de 200 testigos y peritos, y trece años, cinco meses y un día después de la visita de Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, al complejo policial de Canillas, acompañada por la llamada “policía patriótica”, en la que explica que ella ha visto con sus propios ojos cómo Pujol Ferrusola llevaba a Andorra bolsas con dinero en efectivo.
La investigación, que estuvo parada hasta que el diario El Mundo publicó diecisiete meses después información bancaria sobre cuentas de los Pujol en Andorra supuestamente obtenida por la policía española, acabó con toda la familia imputada, así como diez empresarios, acusados de pagarles comisiones a cambio de obra pública; desde que arrancó la vista en noviembre falleció uno de ellos, Carles Vilarrubí, y el expresident Pujol quedó exonerado, el pasado 27 de abril, por cuestiones de salud. Ninguno de los acusados ha hecho uso de su derecho a la última palabra.
Todas las defensas solicitan al tribunal la libre absolución de los acusados
El resto espera sentencia desde hoy. Podría conocerse a finales de julio, según fuentes jurídicas.
Todos los abogados defensores que han intervenido en la jornada de este jueves -como los que lo hicieron en la precedente- han pedido la libre absolución de sus clientes.
Todos ellos han diseccionado el escrito de acusación para poner de manifiesto las debilidades de la investigación policial.
Carles Monguilod, abogado de Gustavo Buesa -un empresario del sector de los vertederos-, se ha remontado a los días en que fue contratado y comenzó a analizar la causa.
La investigación policial sostenía que el núcleo de la causa era la adjudicación torticera de contratos públicos, su relación con la Fundació Albert Pascual y con la compañía Bantridge Holding (de Jordi Pujol Ferrusola): ninguna de esas condiciones se cumplen. Sus negocios eran privados.
Para Monguilod, la causa necesitaba “la finura de un bisturí”, pero la investigación y la acusación se han mantenido “a hachazos”.
La multa que se pide para Buesa, que está tarifada en la legislación, “no coincide con nada” con las operaciones supuestamente fraudulentas de su defendido.
A lo largo del juicio, el fiscal, Fernando Bermejo, ha hablado varias veces de los “pelotazos” empresariales de Jordi Pujol Ferrusola y alguno de sus socios.
“Quizás en China, Corea del Norte o Cuba existe el delito de ‘pelotazo’, pero aquí no”, esgrime el letrado Carles Monguilod, “por mucho énfasis que le ponga el fiscal”
“Quizás en China, Corea del Norte o Cuba existe el delito de ‘pelotazo’, pero aquí no”, ha mantenido el letrado Carles Monguilod, “por mucho énfasis que le ponga el fiscal”.
En un contundente alegato, este letrado ha acabado afeando al fiscal que arrancara su informe final acusando a los Pujol de saquear las arcas públicas mientras en Catalunya hacía fortuna el lema “Espanya ens roba”.
“Es un eslogan repugnante y no se puede tolerar”, ha dicho el letrado. “Durante la instrucción de la mal llamada policía patriótica parecía que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o ser catalán”.
Monguilod ha planteado cómo el juicio contra la familia del expresident genera algunas reflexiones de fondo: por ejemplo, a raíz de la declaración del agente de policía 89.140, a quien no ha querido nombrar por su nombre completo, Álvaro I., que “se vanaglorió de los éxitos con las condenas”, cuando la ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la policía debe aportar pruebas de los delitos, pero también defender al ciudadano inocente.
Fue “como una mezcla entre Harry el sucio y Anacleto, a veces era cómico, a veces daba miedo”, ha descrito Monguilod. Y la Fiscalía ha asumido sin cuestionar toda la investigación policial, según el letrado.
Francesc de Solà, defensor del empresario andorrano de helicópteros Jorge Barrigón, ha transitado argumentos parecidos, al acusar a la Unidas de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de buscar como fuera “causas penales vinculadas con los Pujol; en este caso, Barrigón tuvo relación con Josep Pujol, que supuestamente le hizo un préstamo que para la policía es sospechoso.
Óscar Morales, defensor de Luis Delso, expresidente del Grupo Isolux-Corsan y amigo personal de Jordi Pujol Ferrusola, que tuvieron diversos negocios a medias, también ha arrancado alertando al tribunal sobre el comportamiento policial: en este procedimiento “el Estado trató de desencadenarse de las cadenas” que le someten a las leyes.
Sin que estuviera anunciando “en absoluto” un recurso de nulidad, Morales ha recordado que España tuvo una transición entre “una época oscura” en que el Estado era solo Estado “y pasó a ser Estado social y de derecho”.
José María Fuster Fabra, que ha defendido al también empresario del sector de los vertderos Josep Mayola, ha expuesto que esta causa comenzó “al revés”: con el foco puesto sobre Jordi Pujol Ferrusola, a quien se consideró un “virus financiero contaminante” que salpicó a todo aquel que hubiera hecho negocios con él.
El defensor de Carles Sumarroca Claverol, Diego Artacho, ha remarcado que su defendido no es su padre, lo que parece una obviedad pero ha servido para llevarle al banquillo: era Carles Sumarroca Coixet quien estaba en la empresa Entorn Enginyeria i Serveis, pero no el acusado. Según la Fiscalía, esta empresa logró hacerse con parques eólicos gracias a que Oriol Pujol era secretario de Industria de la Generalitat, pese a que en realidad dependían de Medi Ambient.
Sumarroca trabajó con Jordi Pujol i Ferrusola, que le ayudó a introducir en México a su empresa EMTE, tal como acreditan las facturas en la causa.
