La justicia francesa mantiene su presión máxima sobre Nicolas Sarkozy en el caso políticamente más grave entre los que ha estado implicado el expresidente francés. Durante el juicio de apelación por el affaire libio -la búsqueda de financiación ilegal para su campaña al Elíseo del 2007-, los fiscales han vuelto a pedir este miércoles siete años de cárcel para el exjefe de Estado.
Sarkozy ya fue sentenciado a cinco años de prisión en septiembre pasado y pasó veinte días en una celda de la cárcel de la Santé, en París, antes de recuperar la libertad al tenerse en cuenta que no había riesgo de fuga.
A pesar de la insistencia del expresidente y de sus abogados de que es inocente, el ministerio público opina lo contrario. Los fiscales están convencidos de que hubo un intento de obtener millones de euros del dictador libio Muamar el Gadafi a cambio de los buenos oficios del entonces ministro del Interior -y luego jefe del Estado- para que Francia levantara la orden internacional de arresto contra Abdallah Senoussi, cuñado de Gadafi y uno de los capitostes del régimen, a cargo de los servicios de inteligencia interiores.
Este caso desborda, éticamente, los límites de una simple corrupción política, ya de por sí grave. Lo más escandaloso no es ya negociar una compensación con un autócrata extranjero, sino la contrapartida francesa. Senoussi está considerado el cerebro del atentado terrorista contra un avión DC-10 de la compañía UTA que estalló en pleno vuelo, sobre el desierto de Níger, en 1989. Hubo 170 muertos, entre ellos 54 franceses. Los familiares de las víctimas han declarado en el juicio.
Los fiscales consideran probado que dos hombres de confianza de Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux, se entrevistaron con Senoussi en Trípoli. Sarkozy no niega que Gadafi evocara el asunto de su cuñado cuando ambos se encontraron, pero sostiene que no hubo ningún pacto ni ningún paso posterior de su parte.
Uno de los abogados de Sarkozy, Christophe Ingrain, reiteró que su cliente es inocente y que quedará probado en su alegato, dentro de dos semanas. Ingrain hizo hincapié en que el dinero no ha aparecido y que el expresidente no se enriqueció por este asunto.
Para los fiscales, está claro que Sarkozy fue “el instigador” de un pacto de corrupción. En su requisitoria, los magistrados fueron muy duros contra el exjefe de Estado, cuyas maniobras fraudulentas habrían conducido “a viciar el financiamiento de la elección suprema de la V República”.
En el affaire libio hay todavía muchos puntos oscuros, entre ellos el papel de un turbio intermediario, el francolibanés Ziad Takieddine, ya fallecido, de quien se sospecha que se embolsó varios millones de euros procedentes de Gadafi.
La sentencia del Tribunal de Apelación llegará el 30 de noviembre. Si confirma la pena de cárcel, está por ver si ordena de nuevo el ingreso efectivo en prisión o si Sarkozy podrá continuar en libertad bajo control judicial hasta el caso llegue al Tribunal de Casación (equivalente al Supremo español), la última instancia en el ordenamiento francés.
Pese a los problemas judiciales que soporta desde hace años, Sarkozy se ha mantenido como una figura influyente de la derecha francesa, con una legión de admiradores que no dudaron en acudir a su domicilio para expresarle su apoyo el día en que fue a la cárcel y cuando salió. El libro que escribió sobre su experiencia carcelaria fue un éxito y lo firmó en las librerías. Ya estando condenado en otros casos, Sarkozy mantuvo presencia pública, hasta en actos institucionales, y durante un tiempo Macron lo trató con mucha deferencia, hasta que la relación se deterioró.
