El fiscal César de Rivas ha señalado este martes directamente el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como la persona que estuvo en la cúspide de la organización de la operación Kitchen para el robo de documentos al extesorero de Partido Popular Luis Bárcenas antes de que este lo entregara al juez que investigaba la caja b del partido.
César de Rivas pide 15 años de cárcel para el exministro por su participación tanto en la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como en el volcado de la información entregada por este.
En su informe de conclusiones definitivas, el representante de Anticorrupción ha defendido que este operativo, denominado Kitchen, “fue orquestado en la cúpula del Ministerio del Interior” en la época de Mariano Rajoy.
El fiscal se basa en los mensajes que Fernández Díaz remitió a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y que rezaban:
“Chófer B: Sergio Ríos. Es importante” , sobre la captación del conductor de Bárcenas en julio del 2013; y “la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo”, después de que se copiara el contenido de los teléfonos de Bárcenas que supuestamente sustrajo Ríos y entregó a los altos mandos policiales que le controlaban como confidente. Estos eran principalmente los también acusados José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo.
Para el fiscal, ha quedado probado en el juicio que fue Fernández Díaz quien dio la orden al secretario de Estado de organizar el operativo. Se basa en varios mensajes que Francisco Martínez había mandado a terceros después de que se conociera que se estaba investigando esta operación en el 2019. Algunos decían “claramente, Fernández Díaz es el origen de todo” o “tendrá que ir a confesarse, no sabe lo que le espera”.
Otra prueba son las actas notariales registradas por Martínez donde hizo constar los dos mensajes enviados por Fernández Díaz como respuesta a una entrevista del exministro a un medio de comunicación en el que aseguraba desconocer la operación Kitchen y eludía cualquier responsabilidad. Para el fiscal el informe pericial aportado por Fernández Díaz para negar la autenticidad de los mensajes es “tendencioso y sesgado”.
“Novedades al número 1”
También ha tenido en cuenta los apuntes recogidos en la agenda de Villarejo y a la que ha dado validez porque “él no se engaña a sí mismo”. Una de sus anotaciones plasmaba una conversación mantenida con Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía y quien también se enfrenta a 15 años de prisión, en el que decía que iba a contar las novedades del cocinero -nombre por el que llamaban al chófer- al “número 1”. Para el fiscal ha quedado demostrado que a quien hacía referencia es a Fernández Díaz.
El representante del ministerio público también ha expuesto al tribunal, para su valoración, las notas que tenía Martínez en su dispositivo encontradas tras incautarle el teléfono móvil. Uno de esos apuntes, de junio del 2020, en plena investigación judicial, exponía que “el asunto no fue iniciativa mía, recibí instrucciones muy concretas, y las primeras fueron el 13 de julio de 2013”.
El fiscal recuerda que de ese día fue el mensaje de Fernández Díaz a su número dos dándole traslado del nombre del chófer. Otro apunte a tener en cuenta, según el fiscal, es uno que dice: “escuché muchas veces de mi superior que esto era lo más importante. Cumplí órdenes”.
Para el fiscal, de todas las pruebas practicadas en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional ha quedado demostrado que desde la cúpula de Interior y con la participación de los máximos mandos policiales se montó una operación ilegal y pagada con fondos reservados “para sustraer pruebas que pudieran salpicar a dirigentes del PP” y así “sortear” posibles responsabilidades penales.
De Rivas no ha dado credibilidad a la versión de los acusados de que se trataba de una operación de inteligencia policial para encontrar dinero que pudiera tener Bárcenas en el extranjero. Y no es creíble, a su juicio, porque todo esto lo hicieron “al margen” del juez de la Audiencia Nacional que ya investigaba a Bárcenas en el caso Gürtel, Pablo Ruz, y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía designada como policía judicial. Tal extremo lo confirmó el inspector jefe responsable de la investigación, Manuel Morocho, quien reconoció que sus altos mandos habían espiado “de manera opaca” a Bárcenas sin su conocimiento y a espaldas de la investigación judicial.
Por otro lado, De Rivas también ha negado la tesis de Villarejo de que aquella operación se hizo auspiciada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al que, según siempre ha defendido el excomisario, él pertenecía. El fiscal lo niega. “Villarejo no ha tenido nunca ninguna relación laboral ni administrativa con el CNI”, ha espetado, además de advertir que supuestas notas enviadas por el centro de inteligencia y que ha aportado como prueba son “falsas”.
