El Parlament de Catalunya arrancará este miércoles el debate de una proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda o con fines de inversión, una iniciativa inédita en España que ha puesto al sector inmobiliario en máxima alerta y con la que el Govern de Salvador Illa ha logrado el apoyo de los Comuns a los presupuestos del 2026.
Ahora, diferentes asociaciones de propietarios analizan el texto para encontrar resquicios que impidan su aplicación, en coordinación con partidos de la oposición. La entidad Som Habitatge ha tomado la delantera y ha preparado un informe sobre la constitucionalidad de la proposición que ha presentado este lunes. El análisis ha sido elaborado por el catedrático de Derecho civil de la URV Sergio Nasarre y el profesor de Derecho civil de la misma universidad Héctor Simón.
El texto que pasará por la cámara catalana pretende limitar el uso de las viviendas que se compren en las zonas declaradas como tensionadas, 271 municipios donde vive el 90% de la población de Catalunya. De esta manera, los pisos solo podrán adquirirse para residir en ellos o para destinarlos a alquiler habitual, siempre que se aplique el tope de precios que rige en estas áreas. Esta medida tendría que ser aprobada por los municipios a través de los planes de ordenación urbanística municipal o mediante los planes especiales autónomos.
Las viviendas solo se podrán comprar para residir en ellas o para el alquiler habitual
La iniciativa sí permite la compra de vivienda para parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, pero, de nuevo, para uso exclusivo de residencia habitual. En cualquier caso, los compradores o sus parientes deberán habitar el inmueble al menos durante cinco años, con excepciones que estarían obligados a acreditar ante la administración.
En cuando a la adquisición de edificios enteros, deberán destinarse asimismo al alquiler de larga duración. Por otro lado, permite comprar solo una segunda residencia por persona dentro de las zonas tensionadas, aunque queda prohibido ponerlas en alquiler vacacional.
En definitiva, la proposición de ley intenta que toda la vivienda que se compre en Catalunya se use para residir de forma permanente, ya sea como propietario o como inquilino, durante el periodo de vigencia de las zonas tensionadas. Los pisos turísticos o el alquiler de corta duración quedarían prohibidos. En teoría, la declaración de zona tensionada en Catalunya acaba en el 2027, aunque la Generalitat ya ha avanzado que valora extenderla durante más tiempo.
Posible inconstitucionalidad
Todos estos puntos son los que analiza el informe de Som Habitatge. Su conclusión es clara: la proposición de ley impulsada por los comunes y pactada con el PSC es “inconstitucional”. ”Las leyes de urbanismo tienen como finalidad regular el suelo urbano, lo que no pueden es proyectar lo que se hace con el suelo”, ha afirmado Nasarre. Considera además que vulnera el derecho a la propiedad privada y a la libre circulación de capitales.
La asociación de propietarios está en conversaciones con grupos de la oposición para que lleven estas objeciones al Consell de Garanties Estatutàries si el texto se acaba aprobando. También consideran que serviría de base para acudir a los tribunales y denunciar su posible inconstitucionalidad.
Todo queda pendiente de lo que determine el Parlament a partir del miércoles. En ese pleno la cámara decidirá si tramita la proposición por la vía de lectura única con el objetivo de acelerar su aplicación. Si todo va según lo previsto, la proposición de ley quedaría aprobada durante este julio.
