Baleares endurece su estrategia para combatir el alquiler turístico ilegal con sanciones diarias de entre 500 y 5.000 euros desde que se detecta la actividad ilegal y mientas se tramita el expediente. El endurecimiento de las multas busca poner fin de forma inmediata a la actividad clandestina y perseguir penalmente a quienes reincidan.
La vicepresidenta balear, Antònia Estarellas, y el conseller de Turisme, Jaume Bauzá, han presentado este lunes un paquete de medidas incluidas en la ley ómnibus que refuerza el control sobre la oferta turística ilegal y amplía las herramientas de inspección y coordinación entre administraciones. El Govern ha presentado estas medidas en el marco de la Mesa contra el Intrusismo.
La principal novedad consiste en la modificación de la Ley de Turismo para introducir multas coercitivas diarias de entre 500 y 5.000 euros a los propietarios que continúen explotando alojamientos turísticos ilegales una vez hayan sido requeridos por los servicios de inspección. La reforma, que modifica una ley en vigor desde hace un mes, pretende acabar con una situación que permitía hasta ahora que los infractores siguieran obteniendo beneficios durante la tramitación de los expedientes sancionadores sin afrontar nuevas penalizaciones.
Con el nuevo sistema, las sanciones económicas se impondrán cada día mientras continúe la actividad irregular. Además, si los inspectores de los consells insulares detectan que un propietario incumple dos requerimientos consecutivos, el expediente podrá remitirse directamente a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia.
La Policía Local cruzará datos de denuncias con la autoridad turística
El conseller de Turisme, Jaume Bauzá, ha asegurado que el objetivo es que “la actividad cese de inmediato” y ha defendido que el Ejecutivo mantiene una “lucha decidida contra la oferta turística ilegal”, a la que ha atribuido buena parte de los problemas de masificación que sufren las islas, además de contribuir a dificultar el acceso a la vivienda.
Bauzá ha explicado que Eivissa ya ha servido como banco de pruebas de algunas de estas actuaciones, con medidas como el precinto de viviendas destinadas al alquiler turístico ilegal. No obstante, ha reconocido que uno de los principales problemas continúa siendo la lentitud de determinados procedimientos administrativos.
La reforma amplía la protección a los establecimientos para evitar okupaciones
Para agilizar la detección y acreditación de las infracciones, el Govern está desarrollando un protocolo operativo destinado a las policías locales, basado precisamente en la experiencia acumulada durante ocho años en Eivissa. Gracias a este sistema, cuando una patrulla intervenga en un inmueble por molestias vecinales u otras incidencias relacionadas con un posible alquiler turístico irregular, la información obtenida podrá incorporarse directamente a los expedientes de inspección de los consells, facilitando la acreditación de la reincidencia y mejorando la coordinación entre administraciones. La intención del Ejecutivo es extender este modelo progresivamente al resto de islas.
La reforma incorpora también una modificación de la Ley de Turismo para reforzar la protección de los establecimientos reglados frente a las ocupaciones ilegales. A partir de ahora, los hoteles y demás alojamientos turísticos podrán solicitar el desalojo inmediato de personas que ocupen ilegalmente sus instalaciones y requerir el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ejecutar esa medida cuando sea necesario.
Baleares busca acabar con la competencia desleal que contribuye a la saturación
Durante la comparecencia, la vicepresidenta Antònia Estarellas ha defendido que la lucha contra el intrusismo responde tanto a una cuestión de legalidad como de equidad. “Se trata de una competencia desleal que perjudica a quienes hacen las cosas bien y que además afecta al acceso a la vivienda”, ha afirmado.
Estas medidas se suman a otras ya impulsadas durante la legislatura, entre ellas la prohibición de crear nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, el aumento de las sanciones hasta los 500.000 euros en los casos más graves, la corresponsabilidad de las plataformas digitales en la comercialización de alojamientos ilegales, la financiación del refuerzo de los servicios de inspección mediante el impuesto del turismo sostenible y los incentivos para que las viviendas retiradas del mercado turístico pasen al alquiler residencial.
El Govern intensifica la vigilancia contra el alquiler ilegal de embarcaciones
La Mesa de Lucha contra el Intrusismo también ha repasado los avances en otros sectores económicos afectados por actividades ilegales. Respecto a la actividad marítima, el Govern ha informado del refuerzo de la vigilancia en el litoral con 22 embarcaciones destinadas al control costero y de los puertos autonómicos. Este despliegue se ha acompañado de un incremento de la actividad inspectora contra el alquiler ilegal de embarcaciones.
Durante 2025 se abrieron 162 expedientes sancionadores por un importe superior a 471.600 euros. En lo que va de 2026 ya se han iniciado otros 39 expedientes y alrededor de 70 permanecen pendientes de incoación. Asimismo, se han retirado anuncios irregulares de alquiler de embarcaciones y de alojamientos publicados en distintas plataformas digitales tras los requerimientos efectuados por la Administración.
