Los cambios en la cúpula de Indra a raíz del nombramiento de Ángel Simón como presidente no solo afectan al equipo ejecutivo, visibilizados con la sustitución de Vicente de los Mozos por Josep Maria Recasens como nuevo consejero delegado y a la que seguirán otros en la dirección de la compañía.
Más sutil ha sido la modificación en el funcionamiento del consejo de administración de la compañía de defensa cuyo primer accionista es el Estado a través de la SEPI, la sociedad en la que la administración centraliza la mayor parte de sus inversiones empresariales.
En la reciente recomposición de ese consejo, anunciada coincidiendo con la celebración de la junta de accionistas, se ha modificado parcialmente la estructura de sus comisiones delegadas. Entre los cambios más discretos, uno destaca por sus posibles lecturas políticas. Se trata de la absorción de la comisión de estrategia por la comisión ejecutiva.
Anteriormente, la primera comisión tenía vida propia y gran importancia, pues era la encargada de definir las líneas de desarrollo y crecimiento de la compañía, especialmente en el ámbito de defensa, al que ahora se están volcando la mayoría de los esfuerzos, en el presente contexto de carrera armamentística al calor del creciente gasto de los estados europeos.
Con el cambio, y la fusión de esa comisión de estrategia y la ejecutiva, ha cambiado tanto el papel de Simón, que la preside y quien deja claro que no va a ser un presidente decorativo, al contrario va a estar implicado en las grandes decisiones de Indra y en la definición de su plan estratégico. También participa Recasens y los consejeros Victoria Arce y Juan Moscoso.
En la anterior, no participaban ni el presidente ni el consejero delegado. Como consecuencia del cambio, han quedado fuera de ese núcleo central de la gestión de la compañía varios consejeros que han recalado en otras comisiones.
Probablemente el desplazamiento que admite más lecturas políticas es el de Oriol Piña, un reputado gestor de capital que se incorporó al consejo de Indra justo hace un año. Su relevancia en esa comisión de estrategia fue destacada por los independentistas, que siempre han señalado que su objetivo es que Catalunya reciba más inversiones en el sector de la defensa, teniendo en cuenta que ahora son prácticamente inexistentes. Piña forma parte ahora de la comisión de nombramientos y retribuciones.
Aunque la carrera profesional de Piña es dilatada, su nombramiento en el consejo fue resultado de las negociaciones entre el Gobierno y Junts para incorporar personas cercanas al independentismo en empresas públicas u organismos reguladores. Este fue el caso también de Ramon Tremosa (Aena); Eduard Gràcia (Renfe); Elena Massot (Enagás); y Pere Soler (CNMC), por citar los más destacados.
+++
El próximo miércoles se reune el comité ejecutivo de la Cambra de Barcelona con la propuesta de su presidente, Josep Santacreu, de elevar sustancialmente el número de las llamadas sillas de plata representadas en el pleno de la institución del próximo día 16. Inicialmente eran 14 y las grandes compañías aportaban 75.000 euros para tener derecho a ocuparlas. Su papel era muy relevante, pues el pleno está formado por sesenta personas y el peso de las sillas representa una cuarta parte del total.
La victoria de la candidatura independentista de Eines de País, en el 2019, en una buena muestra de la tensión secular entre los pequeños empresarios y las grandes compañías, redujo su número a solo dos, que actualmente, después de un periodo de ausencia, ocupan Criteria (La Caixa) y el RACC. La victoria de Santacreu abrió la puerta a una reversión de esa decisión; eso es justamente lo que ahora está sobre la mesa y se espera resolver en el plenario. El objetivo es que las grandes empresas tengan en la Cámara una representación acorde con su peso en la economía, es decir muy superior a la actual.
La propuesta de Santacreu no ha sido bien acogida por Eines de País y con recelo por Pimec, la patronal que preside Antoni Cañete. Esta asegura que no tiene problema con las grandes empresas, pero es contrario a que se acceda por la vía de la compra a una silla en un pleno que se elige por sufragio universal, aunque sea con el peculiar sistema de las cámaras. Para Pimec “se trata de mantener en el puente de mando de la Cambra las pequeñas y medianas empresas”.
Por su parte, la patronal de las grandes empresas, Foment, que preside Josep Sánchez Llibre, no se ha pronunciado al considerar que es un asunto de gobernanza interna de la Cambra y a esta corresponde decidir cómo quiere organizar su funcionamiento. Ambas patronales tienen representación directa, tres miembros cada una, gracias a un pacto en las elecciones de septiembre del 2023.
La propuesta de Santacreu se debatirá el miércoles en la comisión ejecutiva. En esta, formado por doce personas, Santacreu cuenta con una clara mayoría para aprobar su proyecto y llevarla al pleno. Pero, en cualquier caso, su intención es pactar con Pimec y evitar la necesidad de recurrir a una votación para resolver el asunto.
Así las cosas, pese a la existencia de conversaciones y contactos entre miembros de ambas posiciones, según las fuentes consultadas, no se han elevado a la interlocución directa entre los dos presidentes, Santacreu y Cañete. Eso obliga a ser cautelosos sobre la posibilidad de un acuerdo que evite el choque en la ejecutiva y en el pleno.
