Junts y PP llevarán la ley para vetar la compra de vivienda especulativa de los comunes al Consell de Garanties Estatutàries

Junts y el PP catalán llevarán al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el órgano catalán que dictamina sobre la constitucionalidad y la legalidad de las leyes, la ley de los comunes para prohibir la compra de vivienda especulativa.  “Afecta a un derecho fundamental, al derecho a la propiedad, y también a las competencias de los ayuntamientos”, ha expuesto este martes el portavoz parlamentario de JxCat, Salvador Vergés, durante una rueda de prensa.

El dirigente posconvergente, además, ha denunciado que “el tripartito quiere aprobar la ley por lectura única, sin que puedan comparecer los colegios profesionales”. “Y lo hace aprovechando el verano”, ha agregado Vergés. La lectura única es un procedimiento abreviado que permite aprobar leyes en apenas dos o tres plenos, evitando el trámite de comparecencias y simplificando otros procesos, como el de enmiendas.

A juicio de Vergés, se trata de una ley “que tampoco cumple la normativa europea, si se tiene en cuenta la libertad de empresa y la directiva de servicios”. “Y, además, si se hace una interpretación literal resulta que afecta a adquisiciones por donaciones y sucesiones”, ha añadido el diputado, que lamenta que en política de vivienda “para el Govern siguen mandando los comunes”. “Eso quiere decir que se sigue perpetrando la inseguridad jurídica, el intervencionismo, las restricciones y la improvisación”, ha concluido Vergés, que se ha quejado también de que se traslade la responsabilidad a los ayuntamientos y que se puede dar la circunstancia de que Barcelona aplique esa ley y una ciudad limítrofe como Badalona decida no hacerlo. 

La ley, exigida por los comunes al Ejecutivo de Salvador Illa a cambio de su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, arranca su tramitación este miércoles en la Cámara catalana, y pretende limitar la compra en zonas de mercado residencial tensionado. En concreto, prohíbe la compraventa de vivienda si no es para uno mismo, para un familiar o para ponerlo en el alquiler. Algunas asociaciones ya han señalado que darán la batalla legal

Cuando se anunció esta iniciativa, el pasado mes de febrero, el PP catalán ya advirtió que llevaría la norma al Tribunal Constitucional (TC) llegado el momento. De modo, que habrá recursos en diversos frentes.  La portavoz del grupo popular, Lorena Roldán, ha destacado también que la norma vulnera varios preceptos constitucionales.

El hecho de que se presente ese recurso paralizará la tramitación de la norma mientras no haya un informe del órgano consultivo, que, de todos modos, no es vinculante. Aunque el CGE dictamine que el redactado no es constitucional, el Parlament de Catalunya tiene la potestad de desoírlo y de aprobar la ley en los términos previstos. Otra cuestión sería que se pronunciase al respecto el Constitucional, que puede adoptar medidas cautelares y suspender la norma cuando le llegue el recurso que anunció el PP. Con todo, para presentar el recurso al TC es preciso que se apruebe la norma, mientras que la petición de informe al CGE es a media tramitación. 

Tras este anuncio, los comunes han acusado a Junts de estar preocupados solo “por que la gente pueda seguir acumulando más pisos para hacer negocio”. David Cid, portavoz de los ecosocialistas en la Cámara catalana, considera que “la patronal manda y JxCat ejecuta”. Pese al recurso anunciado por los posconvergentes, los comunes confían en que la ley pueda prosperar igualmente antes de finalizar el actual período de sesiones, pero el calendario lo dificulta sobremanera.

A su vez, desde el Govern, la consellera de Territori y portavoz, Sílvia Paneque, se ha mostrado crítica con la decisión de Junts y del PP. Si bien ha admitido que este recurso “es un mecanismo al alcance de los grupos parlamentarios”, ha aconsejado a ambas formaciones “que centren sus esfuerzos en poner la vivienda como una misión de país” en lugar de “poner palos en las ruedas”. En definitiva, “que nos hagan llegar sus propuestas para atender el principal problema de los catalanes”, un ámbito como es el de la vivienda “que todos deberían estar como prioridad absoluta”, ha reclamado Paneque. 

Iñaki Pardo Torregrosa

Redactor de La Vanguardia y colaborador de la revista cultural El Ciervo. Cubre la actualidad política catalana desde 2017

Pedro Ruiz Clavería

Calonge, 1998. Redactor de ‘La Vanguardia’ desde 2024. Licenciado en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra. Cubro la actualidad política catalana

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